Reformalización y debido proceso: un llamado de atención al Ministerio Público. A propósito del fallo de la E. Corte Suprema (Rol 50.850-2023).

Recientemente la E. Corte Suprema ha acogido un Recurso de Amparo interpuesto por la Defensoría Penal Pública en el caso de Tomás Bravo (Rol 50.850-2023, 31 de marzo de 2023). En su fallo, la E. Corte Suprema establece que la reformalizaciónsi bien constituye una práctica comúnmente utilizada no se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento legal y “mal puede tener la aptitud de restringir o afectar las garantías fundamentales de los imputados”. Señala a su vez que la reformalización en dicho caso “no solo tuvo por objeto precisar los hechos de la formalización, sino que derechamente modificó de manera sustancial el sustento fáctico de la imputación, a fin de acomodarlo a la nueva calificación jurídica determinada por la fiscalía, a lo que debe sumarse que todo ello aconteció en la misma audiencia en la que se debatió el cierre de la investigación.”. Para la E. Corte*, “el retardo injustificado en la tramitación de un proceso implica una afectación sustancial a la garantía constitucional del debido proceso, en su manifestación relativa al derecho ser juzgado en un plazo razonable.”*. En su resolución la Corte Suprema revoca lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Concepción y dejó sin efecto la totalidad de lo obrado en la audiencia en donde se reformalizó y cerró la causa, ordenando la realización de una nueva audiencia con el único objeto de discutir el apercibimiento de cierre de la investigación.

La reformalización constituye una práctica muy extendida a nivel nacional cuyo uso por el Ministerio Público, como ha reconocido nuestra Corte Suprema, puede devenir en una afectación sustancial de los derechos de los imputados. En este sentido, lo resuelto recientemente por la Corte Suprema a instancias de la Defensoría Penal Pública debiese motivar una importante reflexión en los intervinientes a nivel nacional, incluyendo a la Fiscalía y los tribunales.

Por ejemplo, constituye una práctica generalizada en el sistema la solicitud de audiencias de reformalización que, en los hechos, no buscan necesariamente comunicar una nueva imputación sino derechamente generar una instancia procesal a la cual el imputado está obligado a asistir bajo riesgo de detención y, en dicho contexto, por ejemplo, buscar procedimientos abreviados inicialmente voluntarios. En otros casos, considerando el desarrollo y efectos que supone esta petición de nueva formalización, la sola solicitud de una audiencia de reformalización supone el agendamiento de una nueva audiencia en una fecha posterior a la de una simple discusión de plazo o cierre, en donde se invoca esta futura audiencia, logrando en los hechos una extensión de plazo de investigación.