De un tiempo a esta parte, en el debate político-económico-social y en enunciados que escuchamos al interior de la Convención Constitucional se presenta la idea de estructurar para nuestro país lo que llaman un “Estado de Bienestar”. Esta formulación resulta novedosa para nuestro medio y debiera aprobar un exhaustivo examen para validarse como una alternativa deseable y posible de ser aplicada.

Pues bien, las preguntas que forman parte de este examen son variadas y de la mayor trascendencia para nuestro futuro como país y como ciudadanos. Veamos algunas: ¿Qué es el bienestar? ¿Qué es un “Estado de Bienestar”? ¿Cuál es el grado de bienestar que el Estado nos debe asegurar, el posible o el deseable? ¿Cómo podemos los ciudadanos exigirle al Estado el bienestar al que aspiramos? ¿Cómo se financiarán las prestaciones de bienestar que el Estado nos proporcionará? ¿Será el Estado el que fije la situación de bienestar de los ciudadanos y la imponga para obtener una igualación forzada de todos nosotros? ¿Podrán los particulares decidir por sí mismos los grados de bienestar que quieren alcanzar o deberán sujetarse a los que el Estado les determine? ¿Habrá un solo tipo de bienestar o tantos como hombres y mujeres puedan crear y proporcionarse? ¿Podrán los particulares producir y comercializar bienes y servicios que otorguen un mayor bienestar a la población, los que ofrezcan a cambio de una legítima utilidad (lucro) y que algunos puedan y otros no puedan adquirir? ¿Se utilizará el concepto de Estado de Bienestar para restringir la participación de los particulares en áreas como la salud, educación, previsión, vivienda, transporte y otras de connotación social? Estas son sólo algunas de las interrogantes que saltan a la reflexión al preguntarse por este novedoso sistema que se busca implantar. Señale Ud. señor lector las que su intelecto le formulen.

Desde otras perspectivas, el asunto de un bienestar asegurado por el Estado a todos los ciudadanos puede resultar una carga imposible de solventar para el erario fiscal, la imposición de tributos que signifiquen una servidumbre gravosa e injusta para los contribuyentes, como también convertirse en una ilusión incumplida al no satisfacer las interminables aspiraciones de la gente, provocando su frustración y encono.

Pero hay más, el declarado “Estado de Bienestar” se conecta también con el ejercicio mismo de las libertades ciudadanas como las de emprendimiento, asociatividad, comercio y consumo y al derecho de cada persona a forjarse un mejor pasar para ellos y sus familias, y progresar hasta donde quieran y puedan llegar, aunque otros vayan más atrás. Entenderlo así, significa un razonamiento fundado en la libertad natural de los seres humanos, rechazando la tesis de que somos algo así como seres inválidos de quienes el Estado debe hacerse cargo, incapaces de proporcionarnos nuestro propio bienestar.

Los ciudadanos reclamamos condiciones justas, para poder con nuestro propio esfuerzo progresar y no que el Estado nos diga quienes somos, hasta donde debemos avanzar y busque igualarnos en un forzado e igualitario régimen de bienestar.  Exijamos el más riguroso examen a la tan atrayente formulación de un “Estado de Bienestar”. (31 enero 2022)