Opinión
Algoritmos en el Estado: ¿Qué y cuánto sabemos?, por Natalia González Bañados
El Consejo para la Transparencia emitió recomendaciones para que los organismos públicos informen sobre el uso de algoritmos y sistemas automatizados en sus decisiones, buscando aumentar la confianza ciudadana, prevenir afectaciones a derechos fundamentales y promover una transparencia efectiva y comprensible. En un contexto de rápida evolución tecnológica y falta de regulación específica, estas directrices buscan equilibrar innovación, rendición de cuentas y protección de derechos, proponiendo políticas públicas resilientes, con enfoque participativo y adaptables al ritmo del desarrollo de la
El objetivo de las recomendaciones realizadas por el Consejo para la Transparencia apunta a que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones cuando ellas son asistidas por algoritmos, aumentando la confianza, y que puedan disputarlas cuando corresponda, evitando resultados injustos, arbitrarios o que afecten indebidamente los derechos fundamentales.
La inteligencia artificial llegó para quedarse, tanto en el sector público como en el sector privado.
Vivimos en una época en la que diversos algoritmos coayudan en distintos procesos de tomas de decisión, por ejemplo, para saber quién tiene prioridad para recibir una atención de salud, o quién llenará el último cupo disponible en un colegio público, o para asistir a las autoridades en los procesos de monitoreo y fiscalización que realizan. En Chile, un estudio reciente de la UAI da cuenta de la existencia de 117 algoritmos públicos en el Estado, los que se utilizan en procesos internos o para dar forma a decisiones que afectan a muchas personas.
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