Presentada por la Municipalidad de Illapel.
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó la demanda de cobro de tributos en contra de la empresa minera Los Pelambres, por el supuesto tendido y uso de ducto subterráneo por terrenos públicos.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda al no identificarse en la especie las franjas de terrenos en los que procedería el cobro reclamado.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó la demanda de cobro de tributos presentada por la Municipalidad de Illapel en contra de la empresa minera Los Pelambres, por el supuesto tendido y uso de ducto subterráneo por terrenos públicos.
La sentencia afirma que los documentos acompañados en segunda instancia mediante resoluciones de 11 y 25 de agosto pasado, no son más que una reiteración de la prueba aportada en el curso del juicio seguido ante el tribunal de primer grado, y nada aportan a la decisión del conflicto en los términos reclamados por la parte recurrente.
La resolución agrega que, por otro lado, los certificados emanados de la Municipalidad de Salamanca, tampoco permiten arribar a otra decisión en tanto se refieren a una zona diferente, y por ende, lo pagado por concepto de derecho de ocupación de bien nacional de uso público en esos tramos, en manera alguna permite sostener que igual conducta debe tener la demandada en relación a los tramos objeto de la demanda, por cuanto la actora no logró probar que el concentraducto se encontraba ubicado en las fajas de terreno identificadas en el libelo pretensor, fundamento central que llevó a desestimar su pretensión.
Te puede interesar

Soluciones alternativas en
La conciliación en los procedimientos de reclamación ambiental. Una puerta hacia soluciones no adversariales de amplia aceptación y potencialmente duraderas

Militar había sido condenado a 7 años de prisión.
Tribunal Supremo de España ordena repetir un juicio por vulneración del derecho a la última palabra del acusado.

"Entrega afecta la confianza que se genera entre la profesional con sus pacientes y en la reserva de sus antecedentes médicos".
CS acogió un recurso de protección y anuló los cargos aplicados a una kinesióloga en un proceso sancionatorio de Fonasa por infracciones a la Ley de Libre Elección.

