Derecho a la educación y libertad de enseñanza: dos caras de la misma moneda, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

Uno de los puntos álgidos a ser discutidos en la Convención Constitucional será la definición del rol del Estado en la prestación de los denominados “derechos sociales”, debido a la expectativa que existe en algunos sectores respecto al impacto que ello puede llegar a tener en su correcta materialización, señala una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo, la que se pregunta si ¿Sólo con un estado más grande se alcanzan mejores prestaciones sociales para todos, en especial para los más desfavorecidos?

Respondiendo a la pregunta, la publicación afirma que, si nos basamos en los hechos, la respuesta es que no. Basta con analizar las diferentes prestaciones sociales que hoy se entregan en diversos ámbitos para concluir que el Estado no es el mejor prestador y que darle más espacio no necesariamente conlleva mejores soluciones a los problemas sociales. Esto pasa en educación, en que los colegios públicos exhiben en promedio índices de calidad y preferencia inferiores a los particulares subvencionados por el Estado, incluso recibiendo en promedio más recursos públicos por alumno.

Enseguida, la publicación se refiere al derecho a la educación vs libertad de enseñanza, como una falsa disyuntiva, y observa que tal como ha sido la tónica hasta ahora, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza se presentarán como ideas contrapuestas. No obstante, éstas en realidad son dos caras de una misma moneda, que sin ser iguales se necesitan una de la otra para la satisfacción armoniosa de todos los intereses que confluyen en el ámbito educativo.