Opinión.
Desafíos normativos para el estado ante el envejecimiento de la población chilena, por Robinson Quintana Cueto y Javier Uriarte Lagos.
El intento de suicidio de un adulto mayor frente a las oficinas de “Chile Atiende” en Valparaíso visibiliza el drama silencioso que viven miles de personas mayores en Chile: pensiones insuficientes, abandono institucional y una red de apoyo familiar y estatal que, en muchos casos, simplemente no existe.

El día martes 26 de noviembre, en horas de la mañana, se vivió un momento que dejó de manifiesto una situación que muchas personas en Chile pasan por alto, en la oficina de “Chile Atiente” de Avenida Brasil, en la Comuna de Valparaíso, y a metros del Congreso Nacional, un adulto mayor atentó contra su vida, agobiado por su situación económica a causa de la baja pensión que percibe. Con un bidón de bencina y una carta escrita de puño y letra, planeaba inmolarse con el afán de poner sobre la mesa un tema que hoy es vital dada la lamentable situación por la que estaba pasando, la cual se evidencia con un extracto de sus propios dichos, diciendo que:
“Por culpa de la famosa lista de espera mi esposa falleció esperando una operación. Ella era pensionada y con su pensión nos ayudamos los dos»
Según cifras aportadas por el “Instituto Nacional de Estadísticas”, recopiladas a través del censo realizado en el año 1992, 6,6% de los nacionales tenía 65 años o más, sin embargo, el censo más reciente, es decir aquel realizado el año 2017, arrojó una cifra desconcertante, plasmándose que este grupo etario representa ahora un 11,4% de la población nacional, aumentó más que significativo si consideramos que para la década de los 90, por cada 100 personas en edad de trabajar habían 10 personas mayores potencialmente dependientes, lo cual se contrasta con lo indicado más recientemente, en donde se arrojó que hay 17 personas mayores por cada 100 personas en edad de trabajar. Sumado a lo anterior, se prevé que para el año 2050 la población sobre los 60 años alcance el 31,2% a nivel nacional.
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