El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable desde la perspectiva de la persona afectada y el acceso a la justicia, por Mario Palma Navarrete

Es nuestra propia Excelentísima Corte Suprema la que afirma que “no resulta ya discutida la vigencia en nuestro ordenamiento del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, garantía reconocida no sólo en la CADH, sino también en numerosos documentos internacionales, tales como: el artículo 8 N° 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que resulta imperativo para los jueces nacionales en virtud del mandato contenido en el inciso 2° del artículo 5° de la Constitución, que establece como deber de todo órgano del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, suscrito en Roma el 4 de septiembre de 1.950; el artículo 14. 3. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1.966; el punto 1. 6. de la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, aprobada por el Consejo de Europa en Estrasburgo, el 10 de julio de 1.998; el particular 6 del Estatuto Universal del Juez, emanado de la Unión Internacional de Magistrados en Taipei, el 17 de noviembre de 1.999; el artículo 47 inciso segundo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2.000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión; la especie 42ª del Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado por la V Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Corte Suprema y Tribunales Superiores de Justicia, en Canarias, el 25 de mayo de 2.001; el capítulo IX de las Líneas directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos y la lucha contra el terrorismo, suscritas el 15 de julio de 2.002.-[1]

En efecto, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, desde sus orígenes ha considerado esencial la afectación de la persona afectada, porque un proceso que no finaliza en forma oportuna, genera una “pena de facto” o “pena de proceso” para el imputado que debe soportar la persecución penal del Estado mediante el ejercicio del Ius Puniendi y eventualmente la aplicación de medidas cautelares que restringen sus derechos y que en el evento de ser condenado tardíamente, podría incluso generar una pena anticipada, pero lo que es peor causando un daño irreparable al imputado inocente.

En la actualidad, La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), reconoce este derecho como parte del debido proceso en los siguientes artículos:

Artículo 7.5-. “Toda persona detenida o retenida (…) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso».

Artículo 8.1.- “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado cuatro criterios para interpretar adecuadamente “el plazo razonable”: “Primero, debe ser un caso con alta complejidad en la resolución del asunto, incluso en una necesidad justificada y razonable en un mero trámite que constituye el inicio o el intermedio en el proceso, Segundo, la actividad procesal del interesado, Tercero, la conducta de las autoridades estatales; y Cuarto, la afectación generada por la duración del proceso en la situación jurídica de la persona involucrada”.[2]

De los cuatro criterios mencionados, la afectación en su situación jurídica a la persona involucrada es la que conserva la esencia del origen de este derecho, más aún si consideramos que el acceso a la justicia es un derecho fundamental de todo ser humano, y cobra vida cuando se analiza desde el punto de vista de quien soporta directamente el peso del proceso penal. No estamos hablando simplemente de una regla técnica pensada solo para el correcto funcionamiento del sistema de justicia penal sino más bien estamos frente a una garantía esencial destinada a proteger la dignidad humana frente a las consecuencias que provoca una persecución penal prolongada e injustificada.

Efectivamente, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es un componente esencial del acceso a la justicia como derecho humano de cuarta generación. Sin una resolución dentro de un tiempo adecuado, el acceso a la justicia se vuelve meramente formal, pero no efectivo, lo que provoca en definitiva que se vea frustrada la función protectora de los tribunales, convirtiendo la justicia en inaccesible para quien carece de recursos para sostener litigios indefinidos, prolongando el sufrimiento emocional y jurídico del imputado, y transformando el proceso penal en una carga autónoma y desproporcionada que afecta el proyecto de vida de la persona sometida al poder punitivo del Estado. En estricto rigor, la justicia tardía no es justicia y desde la perspectiva del afectado, la demora constituye un obstáculo material, psicológico y social que impide el ejercicio pleno del derecho a la justicia. En razón de lo anterior, el plazo razonable es más que una garantía procesal y constituye el límite temporal que asegura que el acceso a la justicia sea real, efectivo y compatible con la dignidad humana.

El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, analizado desde la perspectiva del imputado, es una garantía que protege su dignidad, su libertad, su estabilidad emocional y su proyecto de vida y vinculado con el acceso a la justicia como derecho humano de cuarta generación, adquiere una dimensión aún más profunda al asegurar que el poder punitivo del Estado opere dentro de límites temporales que hagan posible una justicia efectiva, oportuna y humana.

La afectación personal del proceso penal.

Desde el primer acto de imputación, la persona ve profundamente alterada su vida. Debe cargar con la incertidumbre, el riesgo reputacional, los costos emocionales, familiares y laborales, además de posibles medidas cautelares que restringen su libertad.

Por ello, prolongar indefinidamente un proceso implica intensificar una situación de afectación sostenida en el tiempo, incompatible con un Estado Democrático de Derecho.

La Corte Interamericana ha señalado que la razonabilidad del plazo no puede evaluarse sólo desde una perspectiva estructural o institucional; debe analizarse en función de cómo el paso del tiempo incide en la situación jurídica, personal y emocional del imputado, lo que

exige considerar: La afectación a su libertad; el impacto psicológico de la incertidumbre; la restricción de su proyecto de vida; la estigmatización social que se prolonga con cada día de demora. Cuando estos elementos se agravan, la exigencia de celeridad estatal aumenta proporcionalmente, incluso cuando no existe encarcelamiento, el prolongado estado de imputación genera consecuencias graves como dificultad para acceder o mantener un empleo; generando además obstaculización de trámites o viajes; afectación de vínculos familiares; deterioro emocional y social y una sensación constante de amenaza jurídica.

**Sin duda alguna, la medida cautelar de prisión preventiva es la máxima expresión de vulnerabilidad,**toda vez que la persona privada de libertad sin condena sufre de forma especialmente intensa los efectos del retardo procesal. Cada día de demora implica una afectación directa a la libertad personal, lo que obliga al Estado a actuar con una diligencia reforzada. El incumplimiento de este deber convierte la prisión preventiva en una pena anticipada, prohibida por los estándares internacionales.