Estudio UAI alerta sobre «brecha digital» en la justicia: 51% de los jueces no ha recibido capacitación en TICs y el Poder Judicial es «invisible» en Google

Un estudio del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) sobre el impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) sobre la experiencia digital de la ciudadanía con la justicia son preocupantes. Como parte de la investigación, se simuló búsquedas en Google para problemas legales comunes de la población y se descubrió que el Poder Judicial es prácticamente «invisible», mostrando una «frecuencia de aparición mínima». Este vacío es ocupado por la publicidad: en el caso de «arrendamiento», el 72% de los anuncios corresponden a estudios de abogados. A esto se suma el «hoyo negro» digital de los Juzgados de Policía Local (JPL), actores clave para problemas vecinales y de consumo, ya que de los 403 JPL del país, solo 2 tienen sitio web propio. El resto, en su gran mayoría, solo cuenta con información básica e insuficiente para quienes experimentan problemas justiciables de su competencia, de los más frecuentes entre la población de acuerdo a la evidencia disponible.

El estudio también destaca contrastes, como el caso del SERNAC, que se valora como una plataforma bien enfocada con lenguaje claro. Asimismo, si bien el «Trámite Fácil» del Poder Judicial se considera un avance, su impacto es limitado: el 97% de su uso se concentra en materias de Familia y aún utiliza terminología técnica que limita su utilidad para la población general.

En paralelo, la investigación detectó graves brechas internas en el sistema judicial. El 51,2% de los jueces encuestados declaró no haber recibido ninguna capacitación sobre el uso de las TICs que utiliza a diario. Esta cifra es incluso más preocupante si se tiene en consideración que abogados y abogadas también declaran no haber recibido capacitaciones en el uso de tecnologías: el 88,9% de los y las abogadas declara haber aprendido por su cuenta a utilizar herramientas tecnológicas. Es decir, prácticamente todo el ecosistema de la administración de justicia utiliza tecnologías de la información sin haber sido capacitados ni entrenados para ello.

Además, se constató un divorcio entre los desarrolladores y los usuarios: a pesar de que el 98,4% de los jueces considera «necesario» participar en el diseño de las herramientas tecnológicas, solo el 16,3% ha participado realmente. Esta brecha se extiende a la adopción de la Inteligencia Artificial, que es utilizada 3 veces más por abogados (30,4%) que por magistrados (9,8%).

Ricardo Lillo, director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas UAI, explica la gravedad de los hallazgos: «Este estudio revela una brecha crítica: el ciudadano común no está siendo dirigido de manera efectiva a la fuente judicial principal. Por otro lado, desde la oferta, la información brindada al ciudadano suele ser de difícil navegación y en un lenguaje técnico, propio de la cultura organizacional, complejo de entender para externos, y sobre todo pensando en el público general. La brecha que detectamos no es solo de infraestructura digital, sino sobre todo de diseño, lenguaje y enfoque. Vemos un ecosistema digital que presenta una brecha significativa entre la oferta de información y las necesidades reales del ciudadano. Para que la tecnología cumpla su promesa, es imperativo que su diseño se construya con una profunda empatía y una comprensión genuina de las necesidades de quienes más la necesitan: los ciudadanos comunes».