Regulación seguridad privada
Nueva Ley de Seguridad Privada: empresas arriesgan multas millonarias si no se adaptan a tiempo
La nueva Ley de Seguridad Privada, que entra en vigencia el 28 de noviembre, exige a múltiples sectores adoptar medidas basadas en el nivel de riesgo y no en montos de dinero. Este cambio estructural obliga a las empresas a replantear protocolos, capacitar personal e invertir en tecnología, en un contexto donde la seguridad se transforma en una obligación legal y estratégica.
En medio de una agenda pública marcada por la seguridad, con cifras crecientes de delitos violentos y un debate permanente sobre el fortalecimiento de las instituciones, el 28 de noviembre marcará un hito silencioso pero trascendental: la entrada en vigencia del nuevo marco normativo de la Ley de Seguridad Privada.
No es un cambio menor. Esta legislación redefine qué organizaciones deben adoptar protocolos y estándares específicos para proteger a personas y bienes. Y lo hace con un criterio radicalmente distinto: deja atrás el antiguo parámetro del monto diario de efectivo, para centrarse en un elemento cualitativo mucho más amplio: el nivel de riesgo que genera la operación para la seguridad pública.
Esto significa que centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos, centros de distribución, estaciones de servicio y un largo etcétera, deberán revisar a fondo sus planes de seguridad. Quienes no lo hagan a tiempo se exponen a multas que pueden alcanzar las 13.500 UTM, clausuras temporales e incluso el cierre definitivo de sus operaciones.
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