Fiscalía de Género investigará denuncia por violencia intrafamiliar presentada por María Eugenia Larraín

La Ley N°21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, dispone que los actos de violencia de género que no sean constitutivos de delito y correspondan a la competencia de los tribunales de familia deben ser conocidos por esos órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, su artículo 40 establece que si, durante el examen de una denuncia, demanda o cualquier antecedente incorporado al procedimiento, el tribunal concluye que los hechos revisten caracteres de delito, debe declarar su incompetencia mediante resolución fundada y comunicar los antecedentes al Ministerio Público y al juzgado de garantía competente.

De esta manera, la circunstancia de que una presentación haya comenzado ante la justicia de familia y posteriormente sea remitida a Fiscalía no constituye una anomalía procesal. Es precisamente el mecanismo previsto por el ordenamiento cuando aparecen antecedentes que eventualmente podrían requerir una investigación penal.

La misma legislación establece que, si el tribunal de familia ya ha decretado medidas cautelares destinadas a proteger a la víctima, aquellas pueden continuar sujetas posteriormente al control del tribunal penal competente.

El delito de maltrato habitual

Uno de los conceptos que ha aparecido mencionado en las publicaciones sobre el caso es el de maltrato habitual.

Esta figura está regulada en el artículo 14 de la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.

La norma sanciona el ejercicio habitual de violencia física, psíquica o económica respecto de las personas comprendidas dentro de las relaciones familiares o afectivas protegidas por esa legislación, siempre que los hechos no constituyan por sí mismos un delito de mayor gravedad.

Para determinar la habitualidad deben considerarse, entre otros elementos, el número de actos realizados y su proximidad temporal. La ley señala también que la violencia puede haber recaído sobre una misma persona o sobre víctimas diferentes comprendidas dentro del ámbito protegido por la normativa.

La eventual configuración de este delito no depende, por consiguiente, de la sola existencia de una denuncia ni de la utilización pública de la expresión “maltrato habitual”. Corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos y establecer si existen antecedentes que permitan atribuir participación en un ilícito penal determinado.

Protección puede decretarse incluso antes de una formalización

La legislación sobre violencia intrafamiliar contempla además mecanismos destinados a proteger a quien denuncia mientras se desarrolla el procedimiento.

La Ley N°20.066 establece que, cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir violencia intrafamiliar, los tribunales pueden adoptar medidas cautelares o de protección incluso antes de que el maltrato llegue a materializarse.

La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres reforzó esas herramientas e impone a quienes investigan y juzgan estos hechos deberes de debida diligencia, protección de las víctimas y prevención de la victimización secundaria.

Entre los factores que pueden ser considerados para evaluar la existencia de riesgo se encuentran antecedentes de intimidación, hostigamiento o acecho; denuncias previas; resistencia violenta al término de una relación afectiva y situaciones de dependencia económica, entre otras circunstancias.

La normativa permite, dependiendo de las características del caso, adoptar distintas medidas destinadas a evitar el contacto entre las partes y resguardar la seguridad de quienes pudieran encontrarse en riesgo.

No obstante, en este caso específico la Fiscalía no ha confirmado públicamente cuáles medidas se encuentran actualmente vigentes. Por ello, versiones difundidas durante la jornada acerca de una eventual prohibición de acercamiento o abandono del hogar deben mantenerse, por ahora, en el terreno de los antecedentes atribuidos a fuentes periodísticas y no como decisiones judiciales oficialmente corroboradas.

Reserva y protección de la intimidad

La ausencia de información oficial detallada tampoco resulta excepcional en procedimientos de esta naturaleza.

La Ley N°21.675 introdujo reglas destinadas a resguardar la información y los datos personales de las víctimas de violencia de género. La normativa los considera especialmente protegidos y establece deberes de confidencialidad para evitar exposiciones que puedan incrementar el riesgo o provocar victimización secundaria.

En determinadas circunstancias, el tribunal puede incluso decretar la reserva de la identidad de la denunciante, de sus hijos o hijas, de personas bajo su cuidado y de testigos.

Ese estándar también aconseja diferenciar entre aquellos antecedentes necesarios para informar sobre la existencia y evolución de una investigación de interés público y detalles de la vida familiar que no han sido confirmados oficialmente o cuya divulgación puede afectar a terceras personas, especialmente menores de edad.

Investigación recién comienza

La remisión de los antecedentes a la Fiscalía de Género abre ahora una etapa diferente a la desarrollada originalmente ante la justicia de familia.

Corresponderá al Ministerio Público analizar la presentación, disponer las diligencias que estime necesarias, recabar declaraciones y otros elementos probatorios y determinar la eventual existencia de uno o más delitos.

Si la investigación reúne antecedentes suficientes, la Fiscalía podrá posteriormente solicitar una audiencia ante el tribunal competente y, en su caso, comunicar cargos mediante una formalización. Si esos antecedentes no existen, el procedimiento cuenta también con las distintas formas de término previstas por el Código Procesal Penal.

Por ahora no se ha informado públicamente de una formalización ni existe sentencia que determine responsabilidad penal.

En consecuencia, la denuncia y su derivación a la Fiscalía constituyen el inicio de una investigación y no una declaración judicial de culpabilidad. La persona denunciada mantiene plenamente la presunción de inocencia mientras los hechos no sean establecidos mediante una sentencia firme.

El dato confirmado hasta este martes es que una presentación efectuada por María Eugenia Larraín llegó desde un Tribunal de Familia hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente y quedó radicada en su Fiscalía de Género. Todo lo relativo a la naturaleza concreta de los hechos, las medidas eventualmente decretadas y una posible calificación penal deberá ser esclarecido dentro de una investigación que, precisamente por tratarse de violencia intrafamiliar, se desarrolla bajo un régimen especialmente estricto de reserva y protección.