Implicancias constitucionales de la denuncia de la Convención Americana por parte del Perú, por César Landa

Así, corresponde a dicho poder del Estado proponer la resolución legislativa que autorice una posible denuncia de un tratado solemne al Congreso no siendo esta entidad estatal la competente para ordenar mediante leyes la denuncia a algún instrumento de protección de derechos humanos.

Propuesta la resolución, entendiendo la afectación que tendría una medida de este tipo sobre los derechos fundamentales, correspondería el procedimiento legislativo que rige la reforma de la Constitución.

En ese sentido, resultaría necesario que la autorización sea aprobada con mayoría absoluta del número legal de miembros del Legislativo y ratificada mediante referéndum; o a través de un acuerdo en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal (artículo 206).

Aprobada la medida, corresponde al Poder Ejecutivo el depósito del instrumento de denuncia del tratado, en este caso a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Si bien se ha expuesto el procedimiento formal de denuncia, una decisión de esta magnitud también debe ser analizada a nivel material pues una de las principales consecuencias de este proceso será dejar a las personas sin el acceso a la jurisdicción interamericana para la tutela de sus derechos y la reducción del ámbito de protección de los derechos fundamentales conforme será expuesto a continuación.

Alcances materiales de una posible denuncia y la afectación del derecho al acceso a la justicia internacional

En múltiples ocasiones, la justicia supranacional se presenta como la última oportunidad de las víctimas de vulneraciones a sus derechos constitucionales de acceder a la justicia cuando a nivel interno no han podido ser reparadas. El artículo 205 de la Constitución establece que, agotada la jurisdicción interna, la persona que considere vulnerados sus derechos puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos en el marco de tratados ratificados por el Perú. En materia de derechos humanos, esta disposición protege la posibilidad de presentar comunicaciones individuales o casos contenciosos tanto en el Sistema Universal como el Sistema Interamericano.

Ahora bien, una denuncia a la CADH reduciría gravemente el ámbito protegido por el citado derecho pues dicho tratado es el único en materia de derechos humanos que permite acudir ante un órgano de naturaleza jurisdiccional cuyos fallos son de obligatorio cumplimiento en el marco del derecho internacional y que, para garantizar su ejecución, cuenta con un sistema interamericano de supervisión de sentencias y un procedimiento nacional de ejecución.

Sentencias históricas como el caso Barrios Altos, Azul Rojas Marín o La Oroya no habrían sido posibles si es que el Perú no hubiese ratificado la CADH y su denuncia podría evitar que, pasado el año en que se haga efectiva, otras personas puedan recibir una tutela eficaz.

Sobre la reducción del ámbito de protección de los derechos fundamentales

La disminución o supresión del contenido de derechos fundamentales es un límite material al poder de reforma de la Constitución. Ello ha venido siendo reconocido por el Tribunal Constitucional desde el 2002 en la sentencia N° 014-2002-AI/TC.

Comprendiendo que los tratados de derechos humanos y las decisiones adoptadas por sus órganos intérpretes permiten enriquecer la determinación del ámbito de protección de los derechos fundamentales, la denuncia del Pacto de San José, en la práctica, tendría como impacto la reducción del contenido de los derechos fundamentales de la Constitución.

En este escenario, la eventual denuncia de la CADH estaría afectando un límite intangible de nuestra norma suprema por lo cual resultaría una actuación inconstitucional a nivel material.

Esta eventual denuncia al Pacto de San José sería contradictoria con el deber estatal de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos establecido en el artículo 44 de la Constitución pues, claramente, el alejamiento de uno de los sistemas de protección internacional disminuye el nivel mínimo de garantía que ha sido establecido en este instrumento internacional.

Asimismo, reduciría la facultad de víctimas de vulneraciones de derechos humanos acceder a la justicia interamericana reconocida como derecho fundamental en el artículo 205 de la Constitución.

Además, impactaría en un límite material de reforma de la Constitución pues, en la práctica, busca reducir el contenido protegido de los derechos fundamentales que se encuentra conformado por dicho tratado y la interpretación del mismo realizada por la Corte IDH.

Esta medida, a su vez, resultaría incoherente con el deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos establecido en el artículo 44 de la norma constitucional.

Históricamente, los derechos humanos han sido producto de luchas para limitar el poder y proteger a las personas contra todo abuso y actos arbitrarios de los Estados. Por ende, resulta importante que la ciudadanía pueda comprender los reales alcances y perjuicios que generaría perder dicha garantía.

(Agenda Estados de Derecho)