Diario Constitucional

Opinión.

La Intersección entre los Derechos Humanos y la Ética Ambiental en las Zonas de Sacrificio, por Katherine Cortés Gómez.

Las zonas de sacrificio en Chile, al igual que en otros países, representan áreas geográficas donde la concentración de actividades industriales altamente contaminantes, tales como centrales termoeléctricas a carbón, complejos petroquímicos, plantas de tratamiento de desechos industriales, fundiciones de cobre y actividades mineras, ha causado una degradación ambiental severa y sostenida.

Por Katherine Cortés Gómez·27 de agosto de 2024·13 min de lectura
Imagen: U.Chile
Referencial

El concepto de “zonas de sacrificio” se originó en la década de los 80, en un contexto de creciente preocupación por los impactos ambientales y sanitarios derivados de las actividades industriales y nucleares. Este término surgió a consecuencia del impacto nuclear en comunidades que habitaban ambientes contaminados y devastados, con una baja capacidad de recuperación ambiental de sus ecosistemas. Los efectos de estas actividades eran tan visibles y severos, tanto en los ecosistemas como en la salud de la población, que evidenciaban claramente el sacrificio al cual habían sido expuestos en nombre del desarrollo económico.

En esa época, el mundo experimentaba un rápido crecimiento industrial, caracterizado por un desconocimiento generalizado de los efectos adversos que estos avances traían consigo para la salud y la vida de las personas. Los avances tecnológicos y económicos se perseguían sin una comprensión plena de sus consecuencias ambientales y sanitarias, lo que resultó en la creación de estas zonas de sacrificio, donde las comunidades locales sufrían las consecuencias negativas del progreso industrial.

Con el tiempo, y a medida que la comunidad internacional comenzó a tomar conciencia de la importancia de una vida plena y de un ambiente sostenible, se reconoció la necesidad de regular las actividades económicas para proteger tanto el medio ambiente como la vida de las personas. Esta toma de conciencia fue impulsada por evidencias crecientes de los impactos negativos de la contaminación y la degradación ambiental, así como por movimientos sociales y ambientales que exigían justicia y protección para las comunidades afectadas.

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