Opinión: el empleo a contrata y la confianza legítima en la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República, a través del dictamen N° 22.766 de 24 de marzo de 2016, introdujo un importante cambio jurisprudencial sobre el empleo a contrata, lo cual hace necesario analizar la manera de ejercer la potestad dictaminadora del ente Contralor en el caso.

En los hechos, dos ex funcionarios municipales a contrata solicitaron a la Contraloría un pronunciamiento acerca de la procedencia de la decisión del ente comunal de no renovar sus contratas para el año 2016. La medida se habría tomado sin fundamento, considerándosela por los solicitantes como indebida, injusta y arbitraria, porque las contratas fueron renovadas durante 15 y 4 años, respectivamente.

Informando, el municipio señaló que la decisión adoptada se fundó en el artículo 2° de la Ley N° 18.883, el cual prescribe que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que las funciones cesarán “por el solo ministerio de la ley”, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.