Caso fundaciones.
Proyecto de ley establece que todo trato directo deberá ser sometido al trámite de toma de razón por la Contraloría.
Todo trato o contratación directa, cualquiera fuese su cuantía, deberá acreditar su justificación, fundamentos y, en todos los casos, ser sometido al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República, la que dispondrá de 10 días para emitir pronunciamiento.
La moción, patrocinada por los Senadores Pedro Araya, Karim Bianchi, Esteban Velásquez y las Senadoras Carmen Gloria Aravena y Paulina Vodanovic, modifica la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en materia de control del procedimiento de contratación por trato o contratación directa.
Los autores del proyecto de ley señalan que Chile enfrenta un problema serio de déficit habitacional que asciende, a lo menos, a 650.000 viviendas. Si bien existe una lata discusión respecto de los fundamentos de esto, se mantiene claridad que el principal factor es el suelo, sus altos valores, la especulación, la falta de regulación, el no pago de tributos, entre otros.
Consideran que lo anterior, no sólo debiese ser una garantía de que cualquier gobierno deberá poner como prioridad la agenda habitacional, sino que también debería servir como un golpe de realidad para entender que hablamos de una arista sumamente sensible para la población.
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