Quien alega que un acto administrativo es contrario a derecho, no sólo debe fundarlo sino que especificar hechos en que apoya impugnación, así como la forma en que ello ocurre.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia que confirmó el fallo de primer grado, rechazando la acción de nulidad de derecho público.

Lo anterior dado que no se verifica infracción a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución, toda vez que, atendido que no se indican específicamente las ilegalidades del permiso de edificación y su modificación, no se ha podido determinar que dichos actos administrativos han desatendido la normativa urbanística aplicable, y que por ello han sido dictados contra ley, por lo que al no configurarse el supuesto que permite concluir que se ha obrado por el órgano administrativo con infracción al artículo 7º citado, no puede accederse a la solicitud impugnatoria.

El fallo razona que lo resuelto por los sentenciadores se ajusta plenamente a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 19.880, puesto que el Permiso de Edificación y la resolución modificatoria, como actos administrativos otorgados por el competente funcionario, gozan de presunción de legalidad, esto es, que resultan ajustados a la ley, por lo que quien alega que son contrarios a derecho, debe no sólo fundamentar aquello sino que especificar los hechos en que se funda la impugnación, así como la forma en que ello ocurre, sea por no aplicación de determinadas normas o por su aplicación improcedente o por una interpretación distinta a la pertinente, cuestión que no ocurre.