Ariel Wolfenson

Su partida marca el cierre de una era en la dogmática penal, disciplina a la que dedicó su vida con un compromiso inquebrantable, dejando un legado intelectual que seguirá moldeando la teoría del derecho penal por generaciones.

Lo natural es pensar que el estándar de la prueba al ser más amplio y laxo en los Juzgados de Policía debiese permitir con mayor razón no solo la declaración de testigos inhábiles, sino que su testimonio debiera ser considerado con mayor relevancia para la resolución de las disputas judiciales. Sin embargo, lo anterior no es claro, por cuanto existe jurisprudencia que los sigue excluyendo conforme a lo dispuesto en el artículo previamente reseñado.

En la actualidad, existen en nuestro país un entramado jurídico procesal altamente y me atrevería a señalar, innecesaria y/o culpablemente complejizado, de normas que, aunque muy similares unas de las otras, despiertan interpretaciones, reglas, o usos positivizados o no que, en definitiva, cambian en desmedro de la coherencia del sistema legal, el ejercicio profesional de los abogados.

Si bien podemos considerar que el endurecimiento de las penalidades e incluso las nuevas multas que se consagran que se amplían proporcionalmente al valor de lo defraudado, pueden ser apropiadas, resulta importante plantearse cuál es el límite de dicha ampliación, cuando se eliminan garantías penales que otro tipo de delitos (muchos más cruentos) sí contemplan. Como es la atenuante de irreprochable conducta anterior y la posibilidad de cumplir una pena sustitutiva distinta a la cárcel efectiva.

Si bien podemos considerar que el endurecimiento de las penalidades e incluso las nuevas multas que se consagran que se amplían proporcionalmente al valor de lo defraudado, pueden ser apropiadas. Resulta importante plantearse cuál es el límite de dicha ampliación, cuando se eliminan garantías penales que otro tipo de delitos (muchos más cruentos) sí contemplan. Como es la atenuante de irreprochable conducta anterior y la posibilidad de cumplir una pena sustitutiva distinta a la cárcel efectiva.

Es respecto a este -relativamente- nuevo derecho digital que (todavía en desarrollo y de permanente ambivalencia jurisprudencial en cuanto aplicación se refiere en los Tribunales Superiores de Justicia) se ha dicho puede entrar en colisión -aparente a mi juicio- con otros derechos fundamentales, entre ellos y por antonomasia, la libertad de expresión e información.

Me parece imprescindible hacer presente las graves contradicciones, incoherencias y riesgos que provoca esta iniciativa (muy a tono con una progresión de control central y autoritarismo del Chile que vivimos). Y asimismo, su ineficacia (o mínimamente serias dudas) en cuanto a promoción efectiva de un desempeño ético de la profesión.

La presión social y política impulsará a los abogados, jueces y servidores públicos a resolver las disputas legales e interpretar la legislación ahora no con los métodos del derecho continental, sino que en base al neoconstitucionalismo que emergerá ya no como argumento escondido, sino como doctrina interpretativa predominante.

Existe día a día infracción a los derechos fundamentales, no solo respecto al honor de la personas sino que también al justo y racional procedimiento en el que se basa el acto de juzgar.

Corte de Valparaíso indicó que no existe ilegalidad pues el municipio se ofreció a pagar servicio en comuna cercana al lugar de trabajo de la trabajadora.

En el fallo el ministro en visita condenó a Millañir Ñancucheo a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito.

La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1 y 2.

Todo indica que propender a un nuevo modelo de audiencias orales en policía local, se verifica como llave indispensable al nuevo siglo. Incorporando instituciones, como el ya conocido modelo de doble audiencias (preparatoria y de juicio) y/o sencillamente innovando con la utilización de una audiencia única de carácter concentrado (cuestión que hemos podido observar en procedimientos laborales como familiares).

La crisis de legitimidad, que algunos enarbolan existe actualmente sobre el Poder Judicial, no parece encontrar solución en la forma de elección de los jueces sino -más bien- en el tiempo y el modo en que los conflictos ciudadanos pueden ser resueltos por ellos.