César Vargas

Los feriados irrenunciables buscan asegurar que determinados días de especial relevancia social y familiar puedan ser efectivamente destinados al descanso. Más allá de sus efectos sobre el comercio, esta regulación refleja un principio esencial del Derecho del Trabajo: proteger espacios de recuperación física y mental y recordar que la actividad productiva debe conciliarse con la dignidad y el bienestar de las personas.

Los temporales registrados en Atacama y Coquimbo reabren el debate sobre los límites de la fuerza mayor frente a contingencias climáticas previsibles. Cuando existen alertas tempranas y riesgos conocidos, las empresas y el Estado deben demostrar una preparación suficiente, sin trasladar a los consumidores las consecuencias de fallas de planificación, infraestructura y fiscalización.

La opinión advierte sobre los riesgos que supone la eventual infiltración del crimen organizado en instituciones financieras, especialmente cuando ello compromete datos personales y sensibles de los consumidores. El texto sostiene que los bancos tienen un deber reforzado de seguridad y diligencia frente a sus usuarios, y plantea la necesidad de una respuesta multisectorial que fortalezca la regulación, fiscalización y sanción de conductas que puedan afectar la privacidad, dignidad y derechos fundamentales de las personas.

La opinión advierte que los cierres de gimnasios que vendieron planes anuales antes de cesar operaciones evidencian una falla estructural en la protección del consumidor, al trasladar al cliente el riesgo empresarial mediante pagos anticipados y obligarlo a recurrir a vías judiciales lentas y costosas para intentar recuperar lo pagado.

La expansión de la inteligencia artificial en las facultades de Derecho abre un debate ético y pedagógico sobre sus límites, transparencia y efectos en la formación del pensamiento jurídico crítico y la integridad académica.

La proliferación de prácticas comerciales informales —como el uso de patentes falsas y la venta de productos sin certificación— expone fallas estructurales en la fiscalización, afectando la competencia, la seguridad de los consumidores y la confianza en el Estado de Derecho.

El contrato de seguro se consolida como una herramienta jurídica y económica clave para gestionar riesgos y proteger el patrimonio frente a contingencias. En Chile y América Latina, su desarrollo normativo y su función social evidencian la importancia de fortalecer la cultura aseguradora como mecanismo de estabilidad y prevención ante eventos adversos.

El inicio del año escolar vuelve a poner a prueba las decisiones de consumo de las familias: elegir útiles no solo implica comparar precios, sino también resguardar estándares mínimos de seguridad, información y responsabilidad del proveedor conforme a la Ley N° 19.496.

La reiteración de incendios forestales vuelve a tensionar el marco jurídico de protección del patrimonio inmobiliario en Chile. Aunque el seguro de incendio ha avanzado desde una lógica reactiva hacia una cobertura obligatoria en créditos hipotecarios y copropiedad, la dispersión normativa, la lentitud regulatoria y la débil cultura preventiva evidencian que el sistema sigue respondiendo a la catástrofe más que anticipándola.

La incorporación de un etiquetado obligatorio en medicamentos que pueden afectar la capacidad para conducir constituye un avance sustantivo en materia de seguridad vial y protección de los consumidores, al reforzar el derecho a recibir información clara, visible y comprensible sobre los efectos psicofarmacológicos de fármacos legalmente recetados.

Cada Año Nuevo se repiten prácticas abusivas en la organización de fiestas y eventos masivos que terminan frustrando celebraciones y vulnerando derechos básicos de los consumidores. Sobreventa, cancelaciones, servicios incumplidos y riesgos a la seguridad evidencian que lo prometido en la publicidad obliga y que celebrar no puede ser sinónimo de renunciar a la protección legal.

Durante las fiestas de fin de año, el aumento del consumo y las compras impulsivas suelen ir acompañados de un desconocimiento de los derechos del consumidor, especialmente en materia de garantía legal y ticket de cambio. La normativa vigente es clara: los productos defectuosos pueden ser reparados, cambiados o devuelto su dinero dentro del plazo legal, y frente a incumplimientos los consumidores pueden recurrir al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y, en última instancia, a los Juzgados de Policía Local.

La creciente integración de las mascotas como miembros del hogar en Chile ha impulsado el desarrollo de seguros veterinarios, pero también ha generado confusiones conceptuales y riesgos legales. Mientras la figura de “ISAPRE para mascotas” carece de base normativa y podría constituir publicidad engañosa, los seguros debidamente regulados ofrecen una alternativa legítima, aunque no exenta de desafíos. Urge fortalecer la regulación, garantizar la transparencia contractual y avanzar hacia una protección integral para los animales como seres sintientes.

La suplantación de identidad de proveedores en plataformas digitales plantea nuevos desafíos jurídicos y de seguridad para el comercio electrónico. Aunque las víctimas directas del engaño son los proveedores, los consumidores resultan igualmente perjudicados, lo que revela la necesidad de una corresponsabilidad en la protección digital.

La pregunta que es loable plantearse ¿qué pasa cuando el transportista toma una decisión unilateral de anulación de pasaje comprado a causa de un error de publicación del precio?, pues bien, en la especie, aún no existe una jurisprudencia uniforme en la materia, y que a través de la presente columna pretenderemos proponer los razonamientos y argumentos más aceptable dentro de la disciplina consumeril.