Cristián Letelier

La Constitución entrega a la Corte Suprema una facultad especial para remover a los jueces que no hayan tenido buen comportamiento. Su ejercicio exige respetar garantías esenciales del debido proceso, como el informe y derecho a prueba del magistrado afectado, además del informe de la Corte de Apelaciones respectiva cuando corresponda.

A propósito del proyecto de reforma constitucional que busca incorporar expresamente la seguridad pública entre los deberes del Estado, la opinión revisa el pensamiento de Jaime Guzmán sobre esta materia y su vínculo con el bien común, los estados de excepción, la actuación de los tribunales y la protección de los derechos de las personas. Desde esa perspectiva, plantea que enfrentar la criminalidad exige fortalecer las instituciones y alcanzar acuerdos políticos capaces de entregar mayores condiciones de seguridad a la población.

La masiva presentación de indicaciones al proyecto de “ley miscelánea” reabre el debate sobre los límites de la función parlamentaria, la admisibilidad legislativa y el principio de lealtad constitucional en el sistema democrático chileno.

A veinte años de la reforma constitucional de 2005, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se ha consolidado como una herramienta clave para la protección de derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Chile. El Tribunal Constitucional, al asumir esta competencia, ha dado respuestas concretas a conflictos reales, dotando de contenido y eficacia a la supremacía constitucional.