Eduardo Hidalgo

Aunque las retenciones desde bancos y fondos de AFP representaron una solución efectiva para el cobro de pensiones alimenticias, hoy enfrentan trabas judiciales injustificadas. El Poder Judicial ha interpretado restrictivamente la ley, priorizando políticas previsionales por sobre el interés superior del niño, desnaturalizando el objetivo original de la normativa.

El problema se ocasiona ya que al restar las 190 UTM retenidas a las 180 UTM de pensiones impagas en este ejemplo, el resultado es de -10 UTM, es decir, saldo a favor del alimentante. ¿Y qué sucede con los intereses?

En momentos de incertidumbre cualquier solución propuesta parece un avance, lo cual es tremendamente peligroso si quienes la proponen son los encargados de dictar las leyes en nuestro país, más aún si existe un patente desconocimiento de la materia que desean legislar. Lo anterior se ve en el ejemplo que se estudiará sobre un proyecto de ley que entrega mayores facultades a las policías, pero que en la práctica podría generar incluso más riesgos y peligros a los funcionarios.

Los recursos de protección por adecuación de plan de isapre son el tópico recurrente del círculo leguleyo durante marzo y abril, sea por dedicarse a ello, o por aventurar la jurisprudencia que vendrá luego de la ley 21.350 que ordena a la Superintendencia de Salud fijar un índice máximo de adecuación, y que en uno de sus pasajes más controversiales, blinda este ejercicio indicando “El índice de variación porcentual así fijado se entenderá justificado para todos los efectos legales”, pero que si lo vemos en detalle, este blindaje al parecer tiene ciertas falencias que seguramente serán explotad

Quizás nunca antes en nuestra historia las pensiones de alimentos estuvieron tanto tiempo en el centro de la discusión diaria de los chilenos. Nos encontramos ante la inminente vigencia de la nueva reforma al sistema de alimentos, lo cual va más allá del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, y aquí están las claves que conforman el contexto de esta profunda reforma.

Lamentablemente, quienes con más o menos experiencia nos dedicamos a la labor de buscar justicia, o intervenimos desde distintas áreas en la aplicación de ésta, podemos ver -y así se evidencia de manera transversal- que el acceso a la justicia tiene más matices que solo una mera “omisión” de redacción” en nuestra Constitución, y se trata más bien de un acceso a un juez.

Esta semana escuchamos el anuncio de la creación de la Defensoría de las Víctimas, que dentro del lenguaje jurídico ya suena algo raro, la víctima no se debe defender en el proceso penal, la víctima ya fue ofendida y ahora es quien acciona e interviene en manera coadyuvante con el fiscal para obtener la sanción del imputado.

Se establece como un límite al \"poder\" constituyente \"los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile\", sin hacer diferencia en la materia sobre la cual versan, y desde ya dándoles un carácter supraconstitucional derivado.