Esteban Szmulewicz

La entrada en vigencia del Reglamento de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) abre una oportunidad para fortalecer la planificación regional en Chile. Sin embargo, las restricciones de su alcance vinculante, la persistencia del centralismo y las dificultades de coordinación institucional plantean desafíos para avanzar hacia una gobernanza territorial integrada, descentralizada y capaz de enfrentar los efectos del cambio climático.

Los recurrentes aducen que la Medida cuestionada viola la Constitución Federal, toda vez que se vulnera la dignidad de la persona humana, la inviolabilidad e intimidad, la vida privada, la honra y el derecho a la imagen de las personas.

Esto, a propósito de impugnación del Municipio de Teresina en contra de sentencia que permitió que una fábrica funcionara, siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias establecidas.

El Tribunal de alzada declaró inadmisible la acción de protección por corresponder a materias privativas del Poder Ejecutivo.

El Tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago de prestaciones y cotizaciones adeudadas a la trabajadora.

Esto, a propósito de diversas consultas relacionadas con la incidencia que la situación de emergencia que afecta al país por el brote del Coronavirus 2019 (COVID-19).

El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 3 y 24.

Por medio de las propuestas al Presidente de la República, los parlamentarios buscan aminorar las consecuencias del Covid-19 en la vida cotidiana de los chilenos.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, únicamente en lo que se relaciona con el descuento del seguro de desempleo, procediendo, en consecuencia, a dictar sentencia de reemplazo.

Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2019 en la ciudad de Ovalle.

A pesar de las reformas legales de los últimos años, persisten problemas ambientales sistémicos y profundos, que debieran conducir a revisar las bases sobre las cuales se construye el derecho y la política ambiental en Chile.

Lo más problemático es la naturaleza y conformación de la Convención Constitucional, y el hecho que ello quede entregado a una ley orgánica constitucional.

Algunos dirigentes critican el aumento del número de congresistas por el mayor gasto público que implicaría.

"Más allá del mérito político de la campaña “Marca tu Voto”, respecto de lo cual ya se han pronunciado algunos de los profesores de derecho firmantes (véase relacionado) y reconociendo que yo no firmé el manifiesto, el objetivo de esta columna es formular ciertas apreciaciones respecto de los límites al pluralismo político..."

Nuestro sistema constitucional consagra el principio de igualdad en varias de sus normas, destacando en su Capítulo primero como base de la institucionalidad, y en el Capítulo tercero como el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, ya sea por la ley, por actos de cualquier autoridad, o incluso por acciones de particulares. La frecuente invocación de…

Las crisis representan el agotamiento de un paradigma imperante en la sociedad y son, en ese sentido, instantes de gran incertidumbre, pero también pueden ofrecer la oportunidad de revisar los factores que las originaron, a fin de cambiarlos. De alguna manera, el reciente debate sobre los cambios a la formación de los abogados refleja este…

Frente a la crisis de legitimidad que sufre el sistema político, se han propuesto numerosas reformas constitucionales y legales, siendo la reforma al sistema binominal un capítulo en que diversos actores políticos parecen coincidir. Cabe recordar que el sistema binominal, único en el mundo, se define básicamente por la “fórmula electoral”, esto es, el mecanismo…

Nuestro sistema constitucional reconoce en forma genérica el derecho al debido proceso, lo que facilita su aplicación a las cambiantes circunstancias sociales. Sin embargo, la falta de precisión constitucional dificulta la determinación de su contenido y alcance por parte de los operadores jurídicos (fiscales, defensores penales y jueces).

Se trata de la primera vez en que el TC, actuando de oficio, no acoge la inconstitucionalidad del precepto que motivó su actuación