Reformas constitucionales para un desarrollo sostenible

Este año se celebrará en Chile la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2019 (COP 25). Es una oportunidad propicia para recordar que, a pesar del crecimiento económico y el desarrollo social de las últimas décadas, nuestro país aún presenta significativos déficit en materia de desarrollo sostenible. De hecho, ya el año 2015, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) había advertido, en su Mapa de conflictos ambientales, un aumento progresivo de los conflictos ambientales en cuanto al acceso y uso de los recursos naturales, y los impactos ambientales de actividades económicas. En la misma línea, en su Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2016) identificó graves problemas ambientales, tales como contaminación atmosférica, de agua y suelo, y escasez de agua.

Estos cuestionamientos revelan que, a pesar de las reformas legales de los últimos años, persisten problemas ambientales sistémicos y profundos, que debieran conducir a revisar las bases sobre las cuales se construye el derecho y la política ambiental en Chile, proponiendo ciertas reformas constitucionales coherentes con una mirada de desarrollo sostenible.

Contra esta visión, a menudo se sostiene que las reformas constitucionales no necesariamente conducen a mejores resultados en materia de desarrollo sostenible. Lo anterior no se justifica, ya que es evidente que la Constitución por sí misma no produce mejores resultados en un cierto ámbito, pero aquello no implica soslayar su importancia en cuanto reconoce principios, derechos y garantías que deberán ser desarrollados posteriormente por el legislador y la Administración, e interpretados y aplicados por los tribunales en la resolución de controversias.