Francisco Bartolucci Johnston

la reacción de los “sectores oficialistas” no se ha hecho esperar, tildando estas ideas de “extrema derecha” (de verdad, ¿se pueden considerar tal?); señalando que “sería una imposición de la mayoría” (¿no consiste en eso la democracia?); y agregando que si ellas prosperan “se alejarán en el plebiscito de salida los votos de los sectores más progresistas” (esperemos qué decide la ciudadanía).

Esta grave infracción se configura al impulsarse decididamente desde el Ministerio a su cargo una política “oficial, única y obligatoria” sobre educación sexual y afectiva de niños y niñas en la educación pública y subvencionada, la cual, por lo demás, resulta altamente resistida por los padres dados los inconvenientes y descarriados postulados que consigna y los contenidos que de ella se han conocido y aplicado. El proceder del señor Ministro, impulsando dicha política, atenta gravemente contra derechos fundamentales establecidos en la actual Constitución.

Nuestra decisión debe quedar motivada por la comparación de ambos textos - el que se nos propondrá y el que nos rige - para elegir aquel que satisfaga mejor nuestros anhelos de libertad, progreso y orden institucional. En esta tarea de cotejo de textos y reflexión de contenidos debemos adoptar una actitud objetiva, abandonando los prejuicios y todas aquellas consideraciones ideológicas, añejas, gastadas y revanchistas que nada aportan a un análisis serio acerca de su contenido y se encuentran hoy completamente superadas.

¿Y ahora cómo explicar a los 6 hombres que por voluntad popular fueron elegidos constituyentes, que quedan fuera por voluntad de la dirigencia política? ¿Cómo explicarles que fueron desplazados para que ingresen candidatas que no fueron elegidas?

El Progresismo es un programa de deconstrucción, de vaciamiento, de borrarlo todo para escribir un nuevo argumento que reemplace aquel valórico y cultural que nos ha dado identidad y sustento en la historia como parte de lo que llamamos la cultura judeo-cristiana –occidental, y en nuestro caso la impronta que nos define como chilenos.

En estos meses hemos sabido de todo tipo de formulaciones cruzadas y de desacuerdos permanentes, lo que demuestra que los negociadores están metidos en un “zapato chino” y bien se puede conjeturar que al final acordarán un completo incordio con tal de salir del paso.

En cartas y columnas que ha tenido a bien publicarme El Mercurio de Valparaíso he denunciado, fundadamente, que “Chile es un país que se ha quedado sin orden, sin autoridad y sin ley”; en redes sociales he leído la expresión “Chile es un Estado fallido” expresión que, por certera, ahora, con tristeza, hago mía. Los responsables de esta situación son las actuales autoridades políticas del país (y también las anteriores) bajo las cuales este fenómeno va en aumento cada día.

El Presidente asigna a la Comisión la tarea de “determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuches” debiendo entenderse, entonces, que el llamado “conflicto mapuche” queda circunscrito a la “asignación de tierras” para las nuevas comunidades que se han originado a partir de la ley Aylwin.

Las primeras noticias que conocemos sobre esta iniciativa, sin embargo, no resultan alentadoras ya que el Gobierno al anunciarla hace gala que la comisión quedará formada mayoritariamente por mujeres - como si aquello fuera condición necesaria para alcanzar el resultado esperado - y agrega que el nuevo Código será redactado “con perspectiva de género”.

Hoy son muchas las voces ciudadanas que exigen se respete las reglas del juego que regían cuando fueron a votar, se sienten pasados a llevar y no pueden entender la porfía de la dirigencia política por levantar un nuevo proceso constituyente que consideran innecesario.

La “igualdad sustantiva” es parte del ideario socialista (más o menos extremo, da lo mismo) y la promesa de todas las dictaduras. Es la que rige en Cuba o Nicaragua, donde todos son iguales en la pobreza; o en Venezuela donde todos son igualmente tributarios al poder omnipotente del Gobierno de Maduro; o es impuesta en los países controlados por los Talibanes; o se manifiesta en la miseria de Haití y de tantos países africanos.

Se resisten a señalar cuáles serían las reformas que en tal caso impulsarían, y esto se debe a que de verdad no tienen voluntad de reformar nada. Sólo se trata de una cuestión de estrategia electoral para confundir y obtener la voluntad de los electores en el plebiscito del 04 de septiembre.

El texto redactado por la Convención Constitucional nos retrotrae a la edad media al crear dentro del Estado de Chile los llamados territorios indígenas autónomos, verdaderos “cotos inmunes” en los cuales los dirigentes indigenistas, cual nuevos señores feudales, ejercerán funciones propias del poder público como son las de gobierno, administración, jurisdicción y policía; dictarán también normas e interpretarán la costumbre ancestral.

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que los constituyentes de mayoría (indigenistas y extrema izquierda) que controlan la Convención han tomado los resguardos necesarios para que el texto que ellos han redactado y proponen, luego de ser aprobado en el plebiscito de salida, resulte en la práctica imposible de modificar. Se trata de un “cerrojo” magistralmente diseñado para evitar que, en el futuro, la Constitución que proponen pueda ser rectificada o corregida.

La Convención Constitucional, en el nuevo texto que nos propone aprobar, ha disminuido notablemente la eficacia de este recurso al modificar su carácter de extraordinario y de inmediato conocimiento y resolución, para convertirlo en un recurso ordinario más, de lato conocimiento, que, con el nombre de “acción de tutela”, será conocido en primera instancia por un juez de jurisdicción común.

Aproximadamente el 50% de los artículos transitorios no tiene relación alguna con el texto permanente, tratándose de una burda trampa para reponer artículos que fueron rechazados por el Pleno.

Cabe preguntarse, ¿por qué la mayoría indigenista y de extrema izquierda que domina la Convención rechaza dos libertades tan básicas, que hoy sí están aseguradas en la Constitución del año 2005 que nos rige?

Proponer este tipo de declaraciones son sólo un engaño destinado a conseguir votos para el apruebo en el plebiscito de salida. Obviamente, no es posible asegurar a 18 millones de chilenos una vivienda.

Estimo es ya demasiado tarde para alcanzar un acuerdo que modifique los términos del plebiscito de salida, como también que ello produciría enorme confusión entre los votantes y una torpe dispersión de los votos de quienes, ya crecientemente, por variadas y bien fundadas razones están tomado la decisión de rechazar el texto que en partes fundamentales se encuentra ya aprobado en la Convención.

Explicado de otra manera: si para lograr la paridad es necesario agregar una mujer, se hará; en cambio, si es necesario agregar un hombre, no necesariamente se hará. Lo digo más claro, la paridad no se aplica para los hombres, solo para las mujeres.