Ignacio Adrián Lerer

Un fallo del tribunal superior de Chubut descarta anular sentencias por el uso de inteligencia artificial en su elaboración, fijando como criterio que el control debe recaer en la fundamentación del fallo y no en las herramientas utilizadas, abriendo un debate relevante para la regulación chilena en tramitación.

La brecha entre deber de supervisión tecnológica y capacidad real de ejercerlo tensiona el principio de culpabilidad

Un reciente fallo de la Corte Suprema argentina que absolvió a Starbucks por un robo armado dentro de un local reabre el debate sobre los límites del deber de seguridad de los comercios frente a delitos cometidos por terceros. El caso ofrece una referencia útil para Chile, donde la legislación del consumidor reconoce el derecho a la seguridad, pero también contempla la eximente de fuerza mayor cuando se trata de hechos imprevisibles e irresistibles.

Un reciente estudio de la Universidad de Stanford revela que los principales desarrolladores de chatbots de inteligencia artificial utilizan por defecto las conversaciones de los usuarios para entrenar sus modelos, lo que reabre el debate sobre consentimiento real, privacidad digital y el rol de los marcos regulatorios frente a estas tecnologías.

El texto propone una interpretación evolutiva del doble rechazo constitucional chileno, sosteniendo que los fracasos de 2022 y 2023 no se explican por ideologías específicas ni por falta de voluntad política, sino por una arquitectura institucional que incentivó el maximalismo y castigó la cooperación. A través de conceptos como fenotipo extendido, estrategias evolutivamente estables y replicación de “memes” constitucionales, se argumenta que las constituciones funcionan como tecnologías sociales sometidas a presiones selectivas. Bajo este enfoque, el doble rechazo aparece como un equilibrio e

Chile vivió dos procesos constituyentes en apenas tres años, ambos rechazados en plebiscito. Más allá del debate ideológico, el fracaso revela una verdad incómoda: los derechos sociales cuestan dinero, y ninguna constitución puede prometerlos sin indicar quién los pagará. Entre el transformativismo idealista y el populismo fiscalmente imposible, la aritmética sigue siendo el límite infranqueable del derecho constitucional. ¿Por qué prometer derechos sin decir quién paga produce regresión institucional?

Chile rechazó dos proyectos constitucionales en menos de dos años —uno progresista, otro conservador—, ambos marcados por el maximalismo y la promesa de refundación. A diferencia de otros procesos latinoamericanos exitosos, carecieron de un motor político claro: la reelección presidencial como incentivo para negociar y sostener el nuevo texto. La experiencia argentina y regional muestra que las constituciones perdurables suelen nacer de transacciones pragmáticas más que de aspiraciones ideales. En Chile, faltó la transacción, sobró el adorno.

El análisis comparado entre los procesos constituyentes de Argentina (1994) y Chile (2021-2022) demuestra que el quórum de dos tercios no garantiza por sí mismo consensos ni protege a las minorías. Su eficacia depende del momento de la negociación, la estructura de votación y la composición política. Mientras en Argentina el “Pacto de Olivos” forzó un acuerdo estable, en Chile la fragmentación y la votación atomizada convirtieron el mismo quórum en un mecanismo de bloqueo mutuo.

Chile rechazó dos propuestas constitucionales opuestas en menos de dos años: primero una de izquierda maximalista en 2022 y luego una de derecha maximalista en 2023. Ambos fracasos, lejos de ser accidentes, reflejan un patrón predecible desde la teoría de juegos: los actores jugaron racionalmente dentro de reglas que premiaban la radicalización, mientras el centro político permaneció ausente. El doble rechazo consolidó la Constitución de 1980 y deja pendiente la pregunta clave: cómo diseñar un proceso que haga cooperar en lugar de maximizar.

Las instituciones legales “ineficientes” no desaparecen por reformas técnicas ni por presión doctrinaria: persisten porque operan como Estrategias Evolutivamente Estables (ESS), equilibrios coordinados que ningún actor puede abandonar unilateralmente sin empeorar su posición. Este artículo propone ese marco para explicar por qué estructuras jurídicas altamente criticadas —como la responsabilidad solidaria laboral, la ultraactividad o los convenios por rama— no solo resisten su eliminación, sino que terminan replicándose en otros sistemas, como ha ocurrido en Chile dos décadas después de observ