J. Ignacio Núñez

Esperamos que esta veleta halle un rumbo, pues no podemos olvidar que el malestar constitucional persiste y que al final del día tratar de controlar normativamente a los procesos sociales es como “ponerle puertas al campo”. Y esta introducción que hago en términos políticos tiene su aval en potentes referentes jurídicos. Me refiero al célebre Norberto Bobbio contestando ideas de Hans Kelsen.

Este proyecto -indicación que establece que los ministros y ministras de la Corte Suprema ejercerán sus funciones por doce años, sin perjuicio de que puedan posteriormente postular a otros cargos del sistema nacional de justicia- que luego se someterá al Pleno de la Convención afecta la independencia del poder judicial en la misma magnitud que la disposición que proponía una duración específica en los cargos de la magistratura. El Sistema de Justicia obedece a otra lógica, debe aplicar el derecho vigente con prescindencia de las convicciones personales de sus integrantes.

Se plantea la creación de un órgano que efectúe las funciones no jurisdiccionales del Poder Judicial. Se mira a modelos como el de Argentina, Italia o Colombia y a tal órgano se lo denomina Consejo de la Magistratura, de la Judicatura o rótulos similares. Lo reconozco, tiempo atrás fui un entusiasta de esta idea. Hasta que observé los resultados que en la práctica ocasionaban. En la mayoría de los sistemas mencionados esta institución ha incrementado la politización de la judicatura en lugar de suprimirla. Un remedio peor que la enfermedad.

Hemos de tener presente que a quienes conforman el órgano constituyente les asiste la inviolabilidad por los juicios y opiniones que manifiesten en las sesiones de sala o de pleno, en las mismas condiciones que a los parlamentarios – artículo 134 de la Constitución - me parece que el problema no se vincula con los derechos de los y las convencionales sino con el rol y naturaleza del órgano constituyente.

Si tuviésemos que definir el libro "Ideas Centrales para la Nueva Constitución" en una sola oración, lo haríamos de la siguiente manera: una obra de divulgación científica destinada a proporcionar insumos a la ciudadanía para que participe activamente en las etapas que vienen dentro del proceso constituyente.

El reglamento definirá desde cosas tan sencillas como el horario de funcionamiento de la Convención, hasta cuestiones tan complejas como la publicidad de sus sesiones, la existencia de comisiones especializadas para tratar ciertos temas, la manera de armonizar el texto del proyecto de nueva constitución o los mecanismos a través de los cuales se procurará la participación ciudadana.

Se ha propuesto el aplazamiento de las elecciones de abril como una manera de protección y paliativo de la pandemia o al incremento de los contagios, pero no hay evidencia de que en el mes de mayo la situación sanitaria sea mejor que hoy.

No existe en el sistema chileno de Derechos Fundamentales ningún dispositivo normativo que permita a las personas adoptar decisiones vitales relevantes y surtan efectos únicamente en su propia persona, pudiendo exigir del resto el respeto por tales decisiones, en tanto no atenten en contra de bienes objetivos – derechos de terceros, no meros intereses – o el ordenamiento constitucional.

No existe ningún dispositivo en la Constitución que efectúe un inventario de materias propias de disposiciones constitucionales transitorias.

El máximo Tribunal ibérico señaló que, el sancionado vino ejerciendo la actividad privada de adiestrador hallándose de baja médica para el servicio y tras haber sido desestimadas expresamente dos solicitudes de compatibilidad para ejercer dicha actividad.

Señalan que la UE necesita un paquete a gran escala para impulsar la recuperación económica tras la crisis, incluidos bonos garantizados por el presupuesto comunitario.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del Ministerio del Interior y Seguridad Publica al decretar la expulsión del amparado, quien cuenta con arraigo en el país y cumplió la totalidad de la pena.

Recurrente estimó vulnerado su derecho a ejercer actividades económicas y derecho de propiedad.

La acción institucional masiva, coordinada y simultánea busca salvaguardar la salud de imputados.

La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3 y 24.

El recurrente estimó que se vulneró las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 4, 12, 13 y 15.

El Tribunal de alzada no hizo lugar a la apelación deducida y confirmó la resolución impugnada, que consideró el contexto de emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de covid-19, accediendo a la rebaja de las medidas cautelares que cumplirán Blu Rodríguez y Marín Lazo, en sus domicilios.

No se evidencia que aparezcan "hechos que formen parte de aquellas materias que puedan ser conocidas por esta vía".

Los recurrentes alegaron como vulnerados los derechos fundamentales a la vida y a la igualdad ante la ley.

El Tribunal descartó infracción a la lex artis por presencia de síndrome compartimental en brazo izquierdo, el cual habría derivado de la supuesta mala administración de anestesia en intervención.