Jorge Ortega Gutiérrez

La Compra Pública Alimentaria (CPA) exige ser comprendida desde su excepcionalidad y complejidad, distanciándose radicalmente de la adquisición de bienes comunes. Al proveer de alimentos a escuelas, hospitales o recintos penitenciarios, el Estado trasciende el mero trámite administrativo de abastecimiento para ejercer un rol estratégico ineludible. Este artículo postula que la CPA, dada su magnitud, constituye una de las herramientas de política pública más potentes para modelar los sistemas alimentarios nacionales, impactando de manera simultánea en la salud pública, el desarrollo territorial

La excepcionalidad de la Compra Pública de Innovación (CPI), que confirma el Reglamento de la Ley N° 19.886, colisiona con su finalidad de promover y estimular la innovación. Si este procedimiento especial solo se utiliza en casos excepcionales, su impacto en el fomento de la innovación podría ser limitado. Por lo demás, este tratamiento resulta contradictorio con la naturaleza misma de la CPI, cuya finalidad es la adquisición de productos inexistentes en el mercado o que, si bien existen, requieren ser adaptados para satisfacer la necesidad o resolver el problema que se pretende abordar.

La total tramitación del DS N° 661 de 2024, que aprueba el nuevo reglamento de la Ley 19.886, nos brinda mayores certezas en cuanto a la introducción de la Compra Pública de Innovación en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, a pesar del notable avance en esta materia, no parece existir en nuestra comunidad jurídica una real comprensión de sus características e importancia.

Las modificaciones al régimen de las Compras Públicas, que fueron aprobadas por la ley 21.634, introdujeron cambios significativos en el mecanismo de Compra Ágil. Sin embargo, su nueva configuración normativa plantea dos cuestiones problemáticas: a) la posibilidad de seleccionar al proveedor que no haya ofertado el menor precio y, b) Un contradictorio aumento de la discrecionalidad a las municipalidades.

Los nuevos procedimientos de compra pública innovadora introducidos en la Ley N°19.886, plantean desafíos extraordinarios a las organizaciones públicas chilenas que deberán contar para ello con personal altamente calificados, con experiencia y no sujetos a los cambios del ciclo político. Para ello, es indispensable que el régimen normativo chileno transite hacia una efectiva profesionalización del comprador público.

Nuestro país ha enfrentado diversas emergencia y catástrofes. Estos sucesos han afectado o imposibilitado el desarrollo de las actividades humanas en todas sus manifestaciones, incluyendo la ejecutada por la Administración del Estado. En este contexto surgen la siguiente interrogante: ¿Cómo enfrentar el impacto de la catástrofe por incendios forestales en distintos aspectos de la contratación pública de bienes y servicios? ¿es idónea la actual regulación en un país que enfrenta catástrofes naturales con cierta habitualidad? El presente texto analiza sucintamente las herramientas o mecanismos d

El presente artículo afirma la aplicación de la Ley N° 19.886, de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, a los partidos políticos como consecuencia de la modificación introducida por la Ley N° 21.634 a su artículo primero, el que extiende su ámbito de validez a las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, de acuerdo con lo previsto por la Ley N° 19.862. La disposición tiene, en consecuencia, el carácter orgánico constitucional al imponer una nueva obligación a estas organizaciones, siendo improcedente que entregue a la potestad reglamentaria la def