Juan Esteban Millalonco Díaz

La Contraloría General de la República reafirmó que las asociaciones de municipalidades pueden desarrollar actividades comprendidas dentro de sus fines legales, pero no transformarlas en prestaciones remuneradas de servicios. El Dictamen D341/2026 extiende además las consecuencias de esa doctrina a las municipalidades que contratan y pagan esas prestaciones, advirtiendo que los funcionarios que omitan sus deberes de control podrían enfrentar responsabilidad pecuniaria si se produce un perjuicio al patrimonio municipal.

El presente artículo sostiene que la reciente línea jurisprudencial de la Contraloría General de la República no solo ha resuelto la cuestión relativa al cobro de capacitaciones por parte de asociaciones de municipalidades, sino que ha configurado una doctrina de mucho mayor alcance, estableciendo que, en materia económica, estas entidades están sujetas a las mismas limitaciones de las municipalidades que las componen, resultándoles aplicable, por tanto, el principio de habilitación legal previa contenido en el artículo 19N°21 inciso 2° de la Constitución Política de la República. Esta conclus

La Contraloría General de la República ha sido clara: las asociaciones de municipalidades pueden realizar capacitaciones, pero no cobrarlas a sus municipios afiliados, pues su financiamiento debe entenderse cubierto por las cuotas y aportes legales, evitando así riesgos de ilegalidad y responsabilidades administrativas.