Marcela Ahumada

La consagración explícita del acceso a los beneficios y a los progresos de la ciencia en la Constitución se justifica, por la importancia de la ciencia en el desarrollo del país y, por el papel que cumple este derecho en la realización de otros derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud, el derecho al agua y el derecho a la educación, entre otros, dada la interdependencia entre ellos.

La incorporación de la libertad de investigación científica y el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia en el texto constitucional es de gran importancia para el adecuado desarrollo de la actividad científica, el acceso a los resultados de su ejercicio y la realización de los demás derechos fundamentales. En esta y otra columna, me referiré a su contenido, evolución y la importancia de su constitucionalización.

El mes de junio se aprobó una nueva prórroga del estado de catástrofe, por 90 días más. En un breve período, se le pondrá término o se prorrogará. Por ello, es necesario analizar algunas cuestiones como la temporalidad de los estados de excepción; el papel del Congreso Nacional; la publicación y transparencia de las medidas adoptadas y la importancia de fijar y delimitar las zonas afectadas.

El lenguaje que se utilice en la redacción la Constitución debe ser claro e inclusivo, porque la ciudadanía debe entender lo que establece la norma más importante del ordenamiento jurídico nacional, y a su vez, debe ser un reflejo de la sociedad.

El acceso a las vacunas para enfrentar la pandemia Covid-19, desarrollada por diferentes laboratorios y cuya gratuidad sólo puede ser posible cuando es proporcionada por el Estado, desde el punto de vista de los derechos humanos, es posible a la libertad de investigación científica y al derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, cuya consagración internacional se analiza.

El itinerario del plan de desconfinamiento nada dice sobre el estado de excepción constitucional de catástrofe, por lo que resulta necesario recordar la provisionalidad o temporalidad de los regímenes de excepción

La negativa de entregar a la comunidad científica datos de salud, desagregados y anonimizados, sobre la evolución del COVID-19, afecta la actividad científica y a la sociedad toda, que es la destinataria final de esta actividad.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El fallo señala que no es una cuestión justiciable lo atinente al procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes.

Máximo Tribunal señaló que es necesario homologar todas las prestaciones adeudadas a un trabajador que accione por autodespido, con el despido propiamente tal efectuado por el empleador.

En estos días de cuarentena te recomendamos algunas películas que alomejor en circunstancias normales no podemos ver porque no hay tanto tiempo para estar en casa.

Máximo Tribunal señaló que la decisión de no otorgar cobertura al subsidio laboral debe fundarse en antecedentes claros que justifiquen el uso de esta potestad.

El Estado de Catástrofe no se refiere expresamente a la salud pública, y con consecuencia de ello, carece de medidas especialmente previstas para enfrentar situaciones como las pandemias, lo que justifica la revisión futura de los Estados Excepcionales y de la normativa complementaria

Tribunal de alzada indicó que no se aprecia la vulneración a reglas de la sana crítica en el fallo y que el recurso parece más una apelación que una solicitud de invalidación.

La ley de ese país establecía que cualquier persona condenada por homicidio sería sentenciada y condenada a muerte.

La utilización del lenguaje claro en las actuaciones y comunicaciones de la Administración del Estado, es un deber para con los ciudadanos, que necesariamente debe estar comprendido dentro de la modernización del Estado e incorporarse la ley.

Nada más inclusivo y democratizador que un lenguaje claro y comprensible por todos, por lo que su uso en la Constitución, la norma más importante del ordenamiento jurídico, es una necesidad imperiosa.

Se debe evitar el establecimiento de medidas que importen el enriquecimiento de algunas unidades territoriales, a costa de otras.

Hay varias razones que pueden esgrimirse hoy, para sostener que resulta más conveniente que el conocimiento y resolución de todos los asuntos relacionados con la infracción de normas estatutarias esté radicado en el TRICEL y, en su caso, en los tribunales electorales regionales (TER).

La nacionalidad es un derecho humano y un atributo de la personalidad. Como derecho humano, importa el deber correlativo del Estado de respetarla. En consecuencia, nadie puede desconocer la nacionalidad de una persona, ni despojarla arbitrariamente de ella.