Rodrigo Poyanco

La reforma constitucional propuesta afecta directamente al derecho a la seguridad social y el derecho a la propiedad (19 nros. 18 y 24) de aquellos cotizantes que no están de acuerdo con esta modificación ni piensan utilizarla, pero que se verán inevitablemente afectados en la propiedad y valor de sus fondos.

La Corte Suprema señaló que, la actuación del recurrido vulneró las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental de la recurrente.

El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del banco, al denegar la restitución de los fondos defraudados.

La gestión pendiente incide en autos sobre solicitud de desafuero, seguido ante la Corte de Santiago.

Es claro que los impulsores de cualquier proceso revolucionario tenderán a preferir, siempre, una Constitución como documento principalmente político, sometido a los deseos del poder. Pero la función de una Constitución no es inclinarse a los dictados de la mayoría, o de una minoría empoderada. La función de una Constitución es dificultar y limitar las competencias de las autoridades, y controlar el entusiasmo y las pasiones de mayorías y minorías, para evitar que se vulneren los derechos y libertades de las personas.

No deja de ser una sorpresa que, sin mediar reforma constitucional alguna, la Corte Suprema intente incursionar ahora en la revisión de las sentencias de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, de una forma tal que, en la práctica, implicaría entregar la última palabra en esta materia al propio Tribunal Supremo.