Sergio Guzmán

La Ley de Reconstrucción Nacional, próxima a ser publicada, reducirá a un año el plazo del artículo 53 de la Ley N° 19.880. Si bien se presentó originalmente como una medida aplicable exclusivamente a los permisos sectoriales, alcanzará a todo acto administrativo. Un plazo más breve exige, al menos, reglas claras sobre qué debe ocurrir dentro de él, y vuelve a poner sobre la mesa la ausencia de un contencioso administrativo general y de una judicatura especializada.

En un escenario de planificación territorial cada vez más restrictivo, el mecanismo del congelamiento emerge como una herramienta clave para resguardar la certeza jurídica de las industrias ya instaladas. Reforzarlo será esencial para equilibrar desarrollo urbano e inversión productiva.

En el Derecho Administrativo la forma en que se adoptan las decisiones también repercute en el fondo de lo decidido. ¿Es verdaderamente irrelevante la forma que adoptan los actos administrativos? ¿Es meramente “testimonial” que los suscriba una autoridad incompetente? A continuación, se analizará una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia a propósito de la facultad legal de paralizar obras de urbanización, en el marco de subdivisiones rurales al amparo del DL 3.516.

El máximo Tribunal indica que las prerrogativas conferidas a la recurrida deben ejercerse atendiendo al límite entregado en la ley, a la luz del cual esta Corte debe realizar el control de razonabilidad y proporcionalidad para el caso concreto.

Tiene sentido plantearse este cambio, particularmente en Chile. Recordemos que en nuestro país fueron los estudiantes secundarios quienes, el año 2006, pusieron sobre la mesa la discusión que terminó reemplazando la LOCE por la Ley General de Educación.