Vicente Aylwin

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 448 septies del Código Penal marca un hito en el análisis del control de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El fallo no solo aborda por primera vez este precepto, sino que también genera un interesante debate sobre si el Tribunal puede inaplicar una norma debido a su interpretación en un caso concreto, y hasta qué punto ello implica una intervención en la labor de los jueces ordinarios.

Existen muchas razones para aplaudir como se ha estructurado en tan poco tiempo un sistema de participación inclusivo y transparente. Tendremos que lamentarnos, sin embargo, de los acotados plazos para el despliegue de mecanismos complejos que requieren de una amplísima difusión y de un financiamiento adecuado para que sean realmente incidentes. Especialmente, debe lamentarse el hecho de que la Convención no haya tenido éxito en la difusión de las iniciativas populares de norma, acaso el mecanismo más relevante en cuanto a su vinculatoriedad y capacidad de incidencia.

Hace unos días la Convención dispuso que el quorum de 2/3 que será sometido al pleno no necesitará ser aprobado por 2/3, sino por la mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio. Con ello, se facilitó considerablemente la aprobación de la regla que tanto revuelo ha a causado. Urge preguntarse por qué.