0,34 leyes por diputado: El costo de $901 millones que la Cámara no quiere transparentar

En cuatro años, los 155 diputados y diputadas del período 2022-2026 presentaron 2.726 proyectos de ley. Solo 53 llegaron al Diario Oficial. El resto —fiscalización, comisiones, terreno— no tiene indicador público. Esta es la radiografía de una productividad que ni el propio Congreso se atreve a medir en público.

Santiago. Hacer una ley en la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile cuesta, en promedio, cerca de $2.637 millones de pesos. Cada parlamentario o parlamentaria que integró el LVI Período Legislativo (11 de marzo de 2022 – 10 de marzo de 2026) recibió alrededor de $901.598.640 en dieta y asignaciones durante los 48 meses del período. A cambio, produjo en promedio 0,34 leyes propias. La cifra, verificada a partir del estudio «Radiografía del ciclo legislativo 2022-2026» de Nexos (noviembre de 2025), resume la tensión central de este análisis: la brecha entre lo que cuesta el Congreso y lo que efectivamente legisla.

Detrás de ese número hay un sistema constitucional que reparte de forma desigual la capacidad de hacer leyes, un Congreso que no publica los datos que permitirían a la ciudadanía evaluar a cada uno de sus representantes, y una comparación internacional que deja a Chile en un lugar incómodo: el país con el ratio más alto entre remuneración parlamentaria y PIB per cápita de toda la OCDE.

El número que hay que explicar: 53, no 131

Cualquier intento de medir la productividad de este Congreso choca primero con un problema de cifras. El estudio de Nexos entrega dos números que suelen confundirse en la discusión pública: 131 leyes con origen en la Cámara de Diputados publicadas durante el período, y 53 mociones presentadas por los propios 155 diputados y diputadas de este ciclo que terminaron publicadas como ley.

La diferencia no es menor. Como el proceso legislativo chileno no tiene fecha de caducidad automática entre legislaturas, un proyecto puede iniciar su tramitación en un período parlamentario y aprobarse varios años después, bajo una legislatura distinta. Un ejemplo concreto: un diputado electo en 2018 presenta una moción en 2019, que queda en primer trámite; en 2021 avanza a segundo trámite en el Senado; recién en 2023 se promulga y publica en el Diario Oficial, cuando su autor original ya no ejerce el cargo. Ese proyecto se suma a las 131 leyes «con origen en la Cámara», pero no debería contabilizarse como productividad de los 155 diputados que asumieron en marzo de 2022.

Para medir qué produjeron específicamente los 155 diputados electos en noviembre de 2021, la única cifra atribuible es 53. Esa es la que ordena este reportaje, y la definición metodológica es explícita: mociones presentadas por diputados y diputadas del período 2022-2026 (entre el 11 de marzo de 2022 y el 30 de septiembre de 2025) que fueron publicadas como ley en ese mismo lapso.

Con esa base, el cuadro completo es este: 2.726 mociones ingresadas, 53 publicadas como ley, una efectividad de 1,9%. El estudio advierte además que, dado que su corte de datos llega hasta septiembre de 2025 y el período cerró en marzo de 2026, los cinco meses finales podrían sumar entre 5 y 10 leyes adicionales, sin alterar sustancialmente el indicador central.

Los nombres detrás del promedio

Detrás del 1,9% de efectividad promedio hay un puñado de diputados que se distancian claramente del resto. Según el mismo estudio de Nexos, los legisladores con mayor efectividad individual —medida como la proporción entre proyectos ingresados y publicados durante el período— fueron Raúl Leiva (PS), con un 10,7%; Nelson Venegas (PS), con 8,8%; y Alexis Sepúlveda (PR), con 8,7%. Los tres corresponden a la coalición Nuevo Pacto Social, y sus cifras individuales sextuplican el promedio de la Cámara.

El contraste se agudiza al cruzar la vereda: en el Senado, con 821 mociones ingresadas —tres veces menos que la Cámara—, 62 terminaron convertidas en ley, una efectividad de 7,5%. Ahí, la propia corporación ha destacado como los de mayor efectividad individual a los senadores Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber, Claudia Pascual, José Miguel Insulza y José García Ruminot. Al presentar esos resultados, la institución subrayó que el diálogo entre bloques es lo que finalmente permite avanzar en leyes útiles para la ciudadanía. La pregunta que se instala es simple: si ambas cámaras operan bajo el mismo marco constitucional, ¿por qué el Senado casi cuadruplica la efectividad de la Cámara? El informe apunta a una hipótesis: procesos de filtro previo más rigurosos y un número menor de integrantes, con mayor especialización por comisión.

Un dato adicional pone en perspectiva el «récord» del período: de esas 53 leyes atribuibles a los diputados, cerca de un 26,7% —unas 14 normas— corresponde a feriados, efemérides y reconocimientos simbólicos, es decir, textos que no modifican ningún derecho, obligación ni política pública. Descontando ese bloque, la producción legislativa sustantiva cae a unas 39 leyes, es decir, 0,25 leyes sustantivas por diputado o diputada en cuatro años, y el costo por ley sustantiva sube a cerca de $3.583 millones.

Sobre quiénes componen el otro extremo —los diputados con cero mociones propias convertidas en ley—, el propio informe advierte una laguna: no existe un ranking oficial, consolidado y descargable de productividad individual por parlamentario. Es la Cámara, no los periodistas ni los centros de estudios, la que no publica ese dato. Para obtenerlo hay que cruzar boletín por boletín en el Sistema de Información Legislativa (SIL), filtrando por autor, cámara de origen y estado de tramitación.

El costo, en pesos y en comparaciones

La dieta parlamentaria bruta mensual es de $7.348.983. Sumadas las asignaciones —que financian hasta ocho asesores, arriendo de oficina distrital y gastos operacionales, con un tope de $11.434.322 mensuales—, el costo mensual máximo por diputado o diputada llega a $18.783.305. Proyectado a los 48 meses del período, esa cifra escala a los $901.598.640 por parlamentario —unos USD 969.000 al tipo de cambio de referencia—, y a cerca de $139.748 millones (unos USD 150 millones) si se suma a los 155 integrantes de la Cámara.

Vale una aclaración que el propio informe subraya: las asignaciones no son enriquecimiento personal directo, sino fondos de libre disposición dentro de un tope, destinados a financiar el trabajo de gestión y de terreno. Pero sí constituyen un costo efectivo para el Estado, y no todos los parlamentarios usan el tope máximo.

Puesto en otras unidades, la dieta más asignaciones de un diputado equivale a cerca de 38 veces el sueldo mínimo, 34 veces el salario mediano chileno, más del doble de lo que recibe un ministro de Estado y casi cuatro veces lo que percibe el director de un hospital público tipo 1.

En la comparación regional, Chile aparece con la cuarta mayor remuneración parlamentaria de Latinoamérica en términos absolutos —unos USD 20.100 mensuales entre dieta y asignaciones—, por debajo de Brasil (USD 13.500) pero muy por sobre Colombia (USD 8.000), México (USD 8.500), Argentina (USD 5.000-7.000), Perú (USD 5.200) o Uruguay (USD 5.500). El ratio entre esa remuneración y el salario mínimo del propio país (×37) solo es superado por Brasil (×49).

En la comparación con la OCDE, el dato es más contundente: Chile exhibe el ratio más alto entre remuneración parlamentaria y PIB per cápita de los países analizados. Un diputado chileno gana 14,2 veces el PIB per cápita anual del país, frente a 3,2 veces en Japón, 2,8 en Corea del Sur, 2,5 en Alemania, 2,3 en Francia, 2,2 en Estados Unidos o apenas 1,6 en España. Solo México, con un ratio de ×10,2, se acerca a esa magnitud entre los países de la organización.

Llevado al terreno de lo que ese gasto podría financiar, los $139.748 millones del período equivalen aproximadamente a 46.583 pensiones adicionales de $250.000 durante un año, a 9.317 cirugías de alto costo en hospitales públicos, a 9.316 becas universitarias completas de cinco años o a la construcción de 1.747 salas cuna. El propio informe es cuidadoso en matizar esta comparación: no busca sugerir que el Congreso deba eliminarse, sino dimensionar la magnitud del gasto frente a la rendición de cuentas.

Por qué se traban los proyectos

El bajo rendimiento no se explica solo por falta de voluntad política. La Constitución reserva al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en materias tributarias, presupuestarias y de seguridad social, un terreno vedado a las mociones parlamentarias. Las mociones, además, no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores. El Ejecutivo, por su parte, cuenta con la herramienta de las «urgencias» —que obliga a votar un proyecto en plazos de 6, 15 o 30 días, según se declare «suma urgencia», «simple urgencia» o «urgencia»— y con el veto total o parcial de cualquier proyecto aprobado por el Congreso, dos instrumentos que no existen para los proyectos de origen parlamentario.

El embudo, según las estimaciones del informe, funciona así: de las 2.726 mociones ingresadas, entre un 30% y un 37% llega a comisión; entre 15% y 18% se aprueba ahí y pasa a sala; solo entre 5% y 7% logra aprobarse en la sala de la Cámara y pasar al Senado, y apenas 1,9% termina publicado como ley en el Diario Oficial.

Ese diseño institucional, advierte el informe, «responde en parte» al bajo índice de conversión, pero no explica ni justifica por sí solo la brecha entre la remuneración percibida y el producto legislativo verificable: parlamentarios de países con sistemas presidencialistas similares logran tasas de conversión sensiblemente mayores.

Lo que el Congreso no mide

Ni la asistencia a sesiones ni el trabajo distrital tienen hoy un indicador público consolidado. La Cámara publica actas de cada sesión, donde consta la asistencia, pero no existe una herramienta que permita calcular de forma simple el porcentaje de asistencia de cada diputado en todo el período: las actas están distribuidas en miles de documentos individuales, sin buscador integrado por parlamentario. Organismos como la Fundación Balmaceda y el Observatorio Congreso han hecho análisis parciales de asistencia, pero ninguno cubre el ciclo completo 2022-2026. Con datos parciales disponibles, se estima que entre un 8% y un 12% de los diputados tuvo en algún período una asistencia bajo el 50%, mientras que entre un 15% y un 20% mantuvo una asistencia sobre el 90%.

Lo mismo ocurre con la productividad por partido: la desagregación oficial de las 53 leyes por bancada no existe en fuentes públicas consolidadas. Las estimaciones proporcionales —que sitúan a las cuatro grandes coaliciones entre 0,32 y 0,35 leyes por diputado, sin diferencias significativas entre oficialismo y oposición— son un cálculo basado en la distribución de escaños, no un dato oficial.

Frente a ese vacío, el informe compara con estándares que Chile ha suscrito como miembro de la OCDE desde 2010, pero que implementa de forma incompleta: no existe un indicador público oficial de eficiencia legislativa individual, los datos abiertos del proceso legislativo no cuentan con una API pública estándar para descarga masiva, y tampoco hay un sistema formal de evaluación de impacto ex post de las leyes ya promulgadas.

Reformas ya probadas en otros países

El informe no se queda solo en el diagnóstico: recoge experiencias concretas de otros parlamentos que podrían aplicarse sin necesidad de una reforma constitucional. En materia de remuneración, España liga la dieta parlamentaria a la escala de la función pública, mientras que Suecia aplica un sistema de descuentos automáticos por inasistencia sin excepciones. En materia de filtro de proyectos, el Reino Unido evalúa la viabilidad técnica de una iniciativa antes de su registro formal, y Portugal limita a cinco los proyectos activos que puede mantener simultáneamente cada diputado.

Los resultados, cuando se han medido, son concretos: Uruguay documentó un aumento de 38% en la cobertura periodística de su Congreso tras abrir todos los datos legislativos en formato abierto desde 2015; Costa Rica redujo en 45% las inasistencias injustificadas tras instaurar el descuento automático en 2010; la Cámara Federal de Brasil bajó en 22% sus gastos de asignaciones entre 2014 y 2018 al publicar el detalle del gasto por diputado en tiempo real, y México, tras limitar en 2019 el número de iniciativas activas por legislador, registró —según análisis del CIDE— un aumento en la calidad técnica de los proyectos presentados.

Las preguntas pendientes

El informe que sirve de base a este artículo cierra con una advertencia que vale la pena tomar en serio: la baja efectividad legislativa responde en parte al diseño presidencialista del sistema chileno, no únicamente a la capacidad individual de cada parlamentario. Y el trabajo de fiscalización —cerca de 38.797 oficios al año en promedio—, la participación en comisiones —unas 1.467 sesiones anuales— y la atención ciudadana en el distrito son funciones reales, aunque sin indicador público comparable, y no están contenidas en el 0,34.

Aun así, quedan preguntas sin responder, y el propio informe las plantea como una agenda pendiente: ¿es proporcional una remuneración de $901 millones en cuatro años frente a una producción legislativa propia de 0,34 leyes? ¿Por qué la Cámara no publica un ranking de productividad individual, como sí existe en otros países de la OCDE? ¿Qué parte de los $11,4 millones mensuales en asignaciones se traduce en trabajo distrital verificable, y qué parte en gastos sin beneficio ciudadano comprobable? ¿Por qué el Senado logra una efectividad de 7,5% y la Cámara solo 1,9%, si ambas operan bajo el mismo marco constitucional? ¿Cuántas de las catorce leyes simbólicas del período eran realmente urgentes para la ciudadanía? ¿Y qué mecanismo existe hoy para que un ciudadano evalúe el desempeño de su diputado o diputada de forma objetiva y comparable?

Ninguna de esas preguntas tiene, hasta ahora, una respuesta institucional. Y mientras no la tenga, el 0,34 seguirá siendo el número que resume cuatro años de la Cámara baja chilena.

Javier Alejandro Arriagada Lagos

Fuentes

Nexos, Asuntos Públicos y Regulatorios (noviembre 2025). «Radiografía del ciclo legislativo 2022–2026». Infografía descargable vía g5noticias.cl. Cámara de Diputadas y Diputados (2024). Transparencia activa — dieta parlamentaria. camara.cl.

La Tercera (2024). Análisis de asignaciones parlamentarias. latercera.com. BCN (2024). Balance Legislativo 371ª Legislatura 2023–2024: 113 leyes. bcn.cl.

Radio Universidad de Chile (dic. 2023). «Balance legislativo 2023: 95 leyes y 210 acumuladas». radio.uchile.cl.

Poder y Liderazgo (feb. 2026). «Congreso cierra período 2022–2026 con 94 proyectos convertidos en ley». poderyliderazgo.cl.

Observatorio Congreso — Fundación Balmaceda (jun. 2024). «El costo de una ley». observatoriocongreso.cl.

Wikipedia (2026). «LVI Período Legislativo del Congreso Nacional de Chile». es.wikipedia.org.

Constitución Política de la República de Chile. Arts. 46, 65, 59. bcn.cl. Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Art. 36. camara.cl.

Ley N° 20.840 (2015). Sistema electoral proporcional inclusivo.

Ley N° 20.285 (2008). Sobre acceso a la información pública.

OCDE (2023). «Government at a Glance 2023». oecd.org.

Banco Mundial (2024). PIB per cápita por país. data.worldbank.org. Inter-Parliamentary Union (IPU) (2024). «Parline database on national parliaments». ipu.org.

CEPAL (2024). «Panorama Social de América Latina». cepal.org. Senado de la República de Chile (nov. 2025). «Senadores destacan entre parlamentarios con mayor número de mociones aprobadas». senado.cl.

Este artículo se elaboró sobre la base del informe «0,34 leyes por diputado» y de fuentes públicas verificadas