Chile y la Corte Penal Internacional

El presidente José Antonio Kast decidió recientemente que el Estado de Chile se sumara al Escudo de las Américas. Más allá de si la adhesión a dicha institución, materializada mediante una declaración conjunta, constituye o no un tratado -a mi juicio sí lo es, debido a que lo relevante no es la denominación sino el contenido: se trata de un acuerdo entre sujetos de derecho internacional, regido por el derecho internacional, que genera derechos y obligaciones entre las partes- y más allá también de su eventual inconstitucionalidad a la luz del artículo 54 de la Constitución, subsisten dudas sobre qué implica realmente integrar el Escudo, como han evidenciado las propias declaraciones del ministro Barros. Una de ellas es la permanencia de Chile en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Estados Unidos ha emprendido una campaña para “desmantelar” la Corte Penal Internacional “ladrillo a ladrillo”, en palabras de su secretario de Estado, Marco Rubio. No solo ha invitado a distintos países -entre ellos Chile- a denunciar el tratado, sino que ha impuesto medidas coercitivas unilaterales, verdaderos ataques bajo el eufemismo de “sanciones”, contra jueces, fiscales y funcionarios de la Corte, incluida su presidenta, Tomoko Akane. La prensa ha informado recientemente que se prepara otra ofensiva: privar a la Corte de su capacidad de efectuar pagos y transferencias, dejándola así fuera del sistema financiero internacional. Solo otro actor comparte hoy esa condición: Rusia, que libra una guerra de agresión contra Ucrania. La paradoja no podría ser mayor, porque justamente contra Vladímir Putin y otros altos mandos rusos que la Corte ha emitido órdenes de arresto por la situación en Ucrania.

El motivo de estos ataques es claro: la autorización de una investigación en Afganistán y las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de defensa. No se persigue un fin legítimo, como es restituir el imperio del derecho o la justicia, sino que se busca blindar a Estados Unidos y a sus aliados frente a cualquier límite a los llamados poderes salvajes, pues, según Trump, a él no lo limita el derecho internacional, sino su propia conciencia. En otras palabras: impunidad, incluso para el genocidio.

El Estatuto de Roma es el primer tratado multilateral que crea un tribunal penal internacional de carácter permanente. Pasaron más de cincuenta años desde las sentencias a los jerarcas nazis en Núremberg hasta que dos tercios de los países del mundo decidieran combatir la impunidad de manera institucional. La Corte encarna los valores de la dignidad humana, la sujeción del poder al derecho, la rendición de cuentas y el Estado de derecho, principios hondamente arraigados en la política exterior chilena y en la idea de una democracia cosmopolita. Es, además, la última esperanza de las víctimas que sufren las consecuencias del poder sin límites. Chile no puede darse el lujo de seguir el camino de los autócratas que buscan destruir lo que tantas y tantos lucharon por construir, en memoria de quienes no alcanzaron a ser protegidos.

Sebastián Henríquez San Martín

Egresado de licenciatura en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Chile

Diplomado en Derecho Penal Internacional por la Universidad del Museo Social Argentino

Ayudante de las cátedras de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad de Chile