El «archivo» administrativo: un limbo para la niñez migrante

Existe una práctica en el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) que, bajo el manto de una aparente legalidad procedimental, está dejando a cientos de niños, niñas y adolescentes en la más absoluta indefensión. Ante la falta de ciertos documentos —como pasaportes de países inmersos en profundas crisis consulares—, la autoridad ha optado por «archivar» las solicitudes de residencia temporal en lugar de rechazarlas.

Esta sutil diferencia semántica esconde una trampa jurídica devastadora. Al archivar y no emitir un acto administrativo terminal (un rechazo formal), el Estado evita pronunciarse sobre el fondo y obstaculiza el derecho a la defensa. Las familias quedan atrapadas en un limbo: no tienen una resolución a la cual recurrir legalmente, pero tampoco tienen una visa. En la práctica, es una denegación de justicia disfrazada de trámite inconcluso.

Resulta profundamente preocupante que resoluciones recientes de nuestras Cortes validen este actuar, argumentando que el archivo «no constituye una negativa» y que los solicitantes pueden simplemente «volver a postular». Este razonamiento formalista ignora la realidad material y el principio rector del Interés Superior del Niño. Exigir documentos de imposible obtención para otorgar regularidad es condenar a menores de edad a la exclusión de derechos básicos, amparándose en la burocracia.

El derecho administrativo debe estar al servicio de las personas, no ser un escudo para que el Estado eluda sus obligaciones de protección. Es urgente que nuestras autoridades y tribunales dejen de mirar el procedimiento y comiencen a mirar a los sujetos de derecho que están detrás de cada expediente archivado.

Alejandro Cortez Gaete

Abogado