Incertidumbre jurídica y omisión administrativa: Urge pronunciamiento de Contraloría sobre la confianza legítima

Junto con saludar, me permito manifestar mi profunda preocupación por los efectos del dictamen N° E561358/2024 de la Contraloría General de la República, que resolvió abstenerse de emitir pronunciamientos en causas vinculadas al principio de confianza legítima, derivando su resolución exclusivamente a la vía judicial.

Este giro contraviene años de doctrina administrativa —reflejada en dictámenes como el 70.966/2016 y 85.700/2016— e incluso lo que expresa el Estatuto Administrativo Interpretado y Concordado (2024) firmado por la misma contralora, que señala en su página 20 que el principio de confianza legítima se configura desde la segunda renovación anual de un funcionario a contrata, generando una expectativa razonable de continuidad.

Cabe destacar las gestiones emprendidas por Raimundo Palamara y la Fundación Fuerza Ciudadana, que interpusieron un recurso de protección en defensa de los funcionarios afectados. Si bien inicialmente se obtuvo una suspensión de los efectos del dictamen, la Corte de Apelaciones de Santiago, en febrero de 2025, rechazó el recurso, entre otras señalando que la petición del abogado se basa en supuestos, en hechos futuros y eventuales.