Inconsistencias.

Hace pocos días, se publicó en el diario La Tercera una nota periodística sobre el aún reciente conflicto en la toma de Lajarilla, región de Valparaíso. Si bien la Corte Suprema ha fallado en contra de suspender el desalojo, cuya resolución se está haciendo efectiva, resulta clave analizar los dichos del poder ejecutivo en los momentos previos a esta sentencia judicial. En específico, los dichos de Yanino Riquelme, delegado presidencial en Valparaíso.

Citando a La Tercera, «[d]urante el desalojo en Lajarilla, Riquelme afirmó que “si hay una nueva ocupación, ya no es resorte de los servicios públicos”, y agregó que “nosotros hicimos todo lo que correspondía, y ahora lo que hacemos es entregar las llaves, hacer un acta de recepción y retirarnos”. El delegado dijo que, tras el desalojo, la responsabilidad del terreno recae sobre el propietario, quien no ha cumplido con las condiciones estipuladas por la Corte» (La Tercera, 4 de marzo de 2025).

En la misma nota, «Riquelme también criticó al propietario por no haber cumplido con las obligaciones que le correspondían para evitar nuevas ocupaciones. “Nosotros no entendemos por qué el propietario, cuando exigió a la Corte el reintegro de su inmueble, no ha cumplido con lo que le corresponde”». Por tanto, está dejando de manifiesto —y como comunicado oficial — que el derecho real de dominio reconoce como límite la seguridad con que el propietario resguarde su título, puesto que, de no establecer las medidas de seguridad pertinentes, se plantea justo y legítima una nueva usurpación.