Diario Constitucional

Control migratorio y seguridad

Inmigración: Algunos principios básicos. El derecho-deber de las autoridades en el control de los flujos migratorios. Efectos negativos de la permisibilidad. Compromiso de los candidatos presidenciales

El fenómeno migratorio en Chile ha generado un debate urgente sobre los efectos de una inmigración descontrolada. Desde el aumento de la pobreza y el colapso de servicios públicos hasta la proliferación del crimen organizado, el texto llama a una reflexión crítica sobre el rol del Estado en la regulación migratoria y exige definiciones claras por parte de los candidatos presidenciales ante un tema que impacta profundamente la seguridad y calidad de vida en el país.

Por Francisco Bartolucci Johnston·15 de agosto de 2025·2 min de lectura
Imagen: radio.uchile.cl
Referencial

En materia de inmigración de extranjeros a un país, lo primero que debe tenerse en cuenta es la obligación que asiste a los Estados de regularla debidamente para que resulte beneficiosa para el país que los recibe, para sus ciudadanos y para los propios inmigrantes.

Así, entonces, debe considerarse, y muy primordialmente, que la “**inmigración no es un derecho”**para nadie; por el contrario, es un derecho-deber de cada Estado que sus autoridades tienen la obligación de ejercer para regular los flujos migratorios. Las consecuencias de un proceder negligente (o no proceder) de las autoridades, ya sea por razones ideológicas o por incompetencia, suelen provocar un grave deterioro en las condiciones de vida de una sociedad. En el ejercicio de este derecho-deber cada país debe reforzar su legislación y el control de sus fronteras para evitar la inmigración ilegal y la trata de personas.

Como se ha señalado, la renuncia de los gobernantes y autoridades político- administrativas de un país al derecho-deber de controlar y organizar la inmigración trae aparejadas una serie de derivaciones negativas. Bien lo sabemos nosotros que, dada la desidia o la complicidad de nuestros gobernantes y dirigentes políticos en esta materia, hemos debido, los últimos años, sufrir una serie de muy dañinas consecuencias, entre las cuales destacan el aumento de la pobreza interna, con la consiguiente ampliación del gasto público para enfrentarla y el colapso de servicios asistenciales; el aumento en los déficit de vivienda, de la mano con la usurpación de propiedades privadas y generación de nuevos campamentos, fuentes de indigencia y criminalidad; el descontrol del trabajo informal que desborda calles, plazas, paseos, playas y demás lugares públicos que son arrebatados a los ciudadanos; la proliferación de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado junto a la formación de “bandas” y “carteles” de origen foráneo y la consiguiente aparición de nuevas y graves formas delictivas como el secuestro o el sicariato; tampoco faltan desagradables manifestaciones de incivilidad ajenas a nuestra cultura e idiosincrasia, por enumerar algunas de las inconvenientes resultas negativas.

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