Jueces de garantía y orales en las Cortes Superiores: una deuda con la experiencia

Pese a que el sistema penal chileno se reformó hace ya más de veinte años, aún persiste una fractura silenciosa dentro del Poder Judicial: la subrepresentación de jueces de garantía y de tribunales orales en las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Una omisión que no solo resulta injusta con quienes han demostrado en la práctica su excelencia jurídica, sino que también empobrece el nivel de comprensión y justicia de las decisiones adoptadas en segunda instancia o por la judicatura superior.

La figura del juez de garantía y del juez del tribunal oral no es secundaria. Son quienes sostienen día a día el edificio del proceso penal: deciden en audiencias públicas, bajo presión, frente a imputados, defensas, fiscales y víctimas. Dictan resoluciones de inmenso impacto social, aplican criterios de razonabilidad para medidas cautelares, enfrentan la urgencia de la prisión preventiva y conocen las sutilezas de la litigación adversarial. En resumen, conocen el pulso real de la justicia penal.

Aun así, muchos de los que revisan sus decisiones en las Cortes de Apelaciones o fallan recursos de nulidad en la Corte Suprema jamás han ejercido como jueces penales. La carrera judicial chilena, como está diseñada hoy, permite que ministros lleguen a sus cargos tras una trayectoria eminentemente civil, administrativa o incluso desde fuera del Poder Judicial, sin haber pisado una sala de audiencias penales ni haber resuelto una medida cautelar en tiempo real.