El rol de los jueces y la credibilidad del Poder Judicial

La reciente suspensión de la jueza Irene Rodríguez por parte de la Corte de Apelaciones, luego de haber dejado en libertad al sicario Alberto Mejía —condenado anteriormente por el homicidio de un suboficial de Carabineros—, ha generado un fuerte cuestionamiento ciudadano sobre el actuar del Poder Judicial y, especialmente, sobre los estándares de razonabilidad y diligencia que deben regir las resoluciones judiciales en materia penal.

Según la información difundida por diversos medios, la jueza Rodríguez permitió la libertad de Mejía durante una revisión de prisión preventiva, pese a sus antecedentes penales, a la existencia de una condena previa y al hecho de que aún quedaban diligencias pendientes. Este acto judicial fue acompañado de una fundamentación aparentemente insuficiente, lo que motivó que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago la suspendiera de forma preventiva mientras se desarrolla la investigación administrativa. También fue suspendida la actuaria que intervino en la audiencia, lo que demuestra la gravedad institucional del caso.

Desde el punto de vista jurídico, si bien el principio de independencia judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, no es una carta blanca para actuar sin responsabilidad. Todo juez tiene el deber de motivar adecuadamente sus decisiones, especialmente cuando están en juego bienes jurídicos tan sensibles como la seguridad pública y la vida de las personas. Asimismo, la confianza de la ciudadanía en las instituciones no solo se gana con la legalidad de los actos, sino con su razonabilidad, transparencia y coherencia.