La calidad de las funciones de exclusiva confianza solo pueden ser establecidas por ley y no por decreto alcaldicio

El propósito de esta columna es exponer el criterio adoptado por la Corte Suprema en su sentencia de 9 de agosto de 2022, recaída en la causa Rol N° 75.618-2021. Este fallo acoge el recurso de apelación de la recurrente respecto de la sentencia de la Corte de Apelaciones e Valparaíso que rechazó la acción constitucional de protección interpuesta. En este caso, la Corte Suprema reconoce que los cargos de exclusiva confianza son aquellos expresamente establecidos en la ley, constituyendo un régimen de excepción en el empleo público, razón por la cual resulta ilegal la “renuncia no voluntaria” y la declaración de vacancia de funcionaria municipal que no reviste explícitamente tal calidad.

En el presente caso, se recurrió contra el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Viña del Mar que exigió la presentación de la renuncia no voluntaria de la recurrente, quien fue nombrada como Directora del Departamento de Seguridad Pública, en circunstancias que, conforme a lo dispuesto en el «Reglamento Aplicable a la Organización Interna del Municipio”, ella no se desempeñaba como alguien que detentase un cargo directivo de exclusiva confianza propiamente tal, toda vez que, en este Municipio, la Directora de Seguridad Pública dependía directamente del Director de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal, quien, a la sazón, detentaba las funciones señaladas para el Director de Seguridad Pública en el artículo 16 bis[1] de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades -en relación con el artículo 4° letra j)[2] de aquélla. De hecho, la Dirección de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal se denomina “Dirección”, en cambio, el Departamento de Seguridad Pública solo tiene la categoría de “Departamento”, independiente del hecho que ambos son dirigidos por un funcionario municipal mentado en el Reglamento aludido como “Director”.

Por estos motivos, se indicó en el recurso que la conducta del Municipio conculcó el derecho de propiedad de la ex Directora de Seguridad Pública tiene sobre su puesto de trabajo, en atención a que la desvinculación de la recurrente no obedeció a ningún procedimiento administrativo, sino que ésta fue adoptada por la autoridad edilicia en uso de sus facultades discrecionales, exonerando a la recurrente de su cargo de planta en la Municipalidad por considerar que este era uno de “exclusiva confianza”, en circunstancias que la recurrente detentaba un cargo de planta del orden municipal, de modo tal que su relación estatutaria solo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, cuestión que no ocurrió en la especie. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó en primera instancia esta acción constitucional por considerar que las materias señaladas debían ser resueltas en un juicio de lato conocimiento.