Responsabilidad moral del abogado
La ética del abogado en Chile: más allá del código y el cliente
En un escenario de desconfianza institucional y crisis de legitimidad, la ética profesional del abogado en Chile exige más que el cumplimiento formal de la ley: requiere un compromiso activo con la justicia, la equidad y la dignidad humana, especialmente ante casos donde lo legal puede ser profundamente inmoral.

En un contexto nacional marcado por la desconfianza hacia las instituciones y una demanda creciente por mayor integridad pública, la figura del abogado no queda al margen. Su labor no solo tiene consecuencias jurídicas, sino también sociales, económicas y éticas. En Chile, la discusión sobre la ética profesional del abogado debe ir más allá del respeto formal a la ley o la mera observancia del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados; debe considerar el compromiso del abogado con el Estado de Derecho y con los principios fundamentales de justicia y equidad.
El profesor David Luban, una de las voces más influyentes en la ética jurídica contemporánea, ha advertido sobre los peligros de una visión meramente técnica del ejercicio legal. En Legal Ethics and Human Dignity (2007), plantea que el abogado no puede limitarse a ser un “mercenario legal” que simplemente ejecuta los deseos de su cliente. Debe, en cambio, asumir una responsabilidad moral respecto de los fines y consecuencias de su trabajo. Esta advertencia cobra fuerza en el contexto chileno, donde diversas controversias —como las vinculadas a colusiones empresariales o financiamiento irregular de la política— han evidenciado un uso estratégico del derecho que, si bien legal, resulta éticamente cuestionable.
El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile (actualizado en 2011) establece principios como la lealtad, la veracidad y la independencia. Sin embargo, su cumplimiento no es obligatorio para todos los abogados, ya que la colegiatura es voluntaria. Esto ha sido motivo de preocupación en la doctrina y en fallos judiciales. La Corte Suprema, en sentencia de 2017 (Rol N° 15.686-2017), confirmó una sanción disciplinaria contra un abogado por incurrir en conductas contrarias a la probidad, señalando que “la ética profesional impone límites que van más allá de lo estrictamente legal, exigiendo a los abogados comportamientos que refuercen la confianza pública en la justicia”.
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