La polémica propuesta constituyente de eliminar al Senado traería diversas consecuencias del todo perniciosas e indeseables para el ordenamiento jurídico como también para la institucionalidad chilena, a saber, entre muchas otras, como son la pérdida de un contrapeso necesario a la acción de la Cámara de Diputados, vale decir la existencia de un ente sólido y robusto, como lo es el actual Senado, que revise las propuestas de ley de la Cámara contigua como también sea capaz de frenar aquellas que resulten inviables, nocivas y perjudiciales, toda vez que cumpla labores de fiscalización y supervigilancia.

Como consecuencia de lo anterior, al no existir esta segunda Cámara, cual es el Senado, la Cámara de Diputados no contaría con ningún tipo de filtro o vigilante de sus proyectos de ley y posterior aprobación, por lo que bastaría alcanzar el quórum necesario en la cámara de origen, para que dicha ley resulte publicada, a pesar de lo muy dañina, perjudicial o inconstitucional que resulte ser, todo ello y más a raíz de la ausencia del Senado. Como consecuencia de lo anterior, cabría esperar que sea el Presidente quien en un acto juicioso y mesurado, haga uso del veto presidencial para impedir la tramitación de tal ley o igualmente tener que rogar por el actuar crítico y prudente de Contraloría General de la República.

Por último, lo más grave de la eliminación del Senado es que dicha propuesta no soluciona de modo alguno el problema que «justifica» su supresión, cual es, según los constituyentes que esgrimieron la propuesta en comento, la demora en la tramitación de las leyes o la falta de representación de determinados sectores. Porque no resulta sensato eliminar a un ente de tal relevancia y preponderancia como es nuestro actual Senado, porque como se dijo, aquello no soluciona el problema de raíz sino que lo traslada a un nuevo ente, novato, con atribuciones y límites poco claros, difusos y peligrosos. Sería más prudente y sensato abocar en cambio por salvar las omisiones y defectos del vigente Congreso Nacional, como sería, a modo de propuesta, el obviar algún trámite en la formación de la ley para así agilizar su discusión, zanjando de esta forma el problema de su aparente demora y por otro lado, pensar tal vez en aumentar el número de parlamentarios (entiéndase tanto diputados como senadores) para así ampliar el espectro de representación y participación ciudadana que ambas cámaras requieran, como podría ser, el asegurar en ambas cámaras un modernizado enfoque de género o contando con escaños reservados para Pueblos Originarios, zanjando así el dilema de la representación.

A modo de conclusión, eliminar al Senado no trae seguridad ni certeza. No trae pluralismo ni participación, sino que conlleva una terrible y contradictoria concentración del poder, elitismo y despotismo parlamentario, porque la irracional propuesta tampoco soluciona nada en lo absoluto sino que reenvía el problema para que descanse en un ente desconocido, inexperto e imparcial, carente de toda fiscalización y equilibrio proveniente de un ente fuerte y vigoroso, con mismas atribuciones y funciones, que sea capaz de hacerle frente y que no dude un segundo en rechazar aquellas propuestas que resulten dañinas y lamentables para la estabilidad y futuro del país.

Matías Eduardo Vidaurre Vilo