Lo que ocurrió, no ocurrió.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegal la interceptación de ciertas conversaciones telefónicas, en el marco de una mediática investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional en relación con el caso “Democracia Viva”, ha implicado que la evidencia obtenida por este procedimiento ya no podrá ser usada y, adicionalmente, ha llevado al reemplazo del fiscal.

Como ocurre en parecidas situaciones, las opiniones no son coincidentes.

El oficialismo, que llegó a sostener que hubo “espionaje telefónico”, se muestra satisfecho. La oposición, por el contrario, expresa que lo resuelto es parte de un público esfuerzo por evitar que se conozca la participación punible de todos los que podrían haber participado, en una u otra forma, en diversos delitos en el uso de los recursos públicos asignados a dicha fundación.