Medidas Intrusivas v/s Garantías Constitucionales

Las denominadas medidas intrusivas del proceso penal chileno se desarrollan en el contexto de la investigación, sea esta formalizada o desformalizada. Estas dicen relación con diligencias investigativas que están en directa vinculación y/o pugna con garantías constitucionales, restringiéndolas o privando de ellas a una persona.

Usualmente, podemos percibir el roce entre ambas- medidas intrusivas y Garantías Constitucionales- una vez llegada la etapa intermedia del proceso penal, es decir, la audiencia de preparación de juicio oral, oportunidad en donde se discutirá la calidad, pertinencia y legalidad de la prueba que ingresará a juicio oral. Previo a esta instancia, no existe oportunidad para la parte que no solicita la medida intrusiva -la mayoría de las veces la defensa- pueda controvertir respecto de la pertinencia de llevar a cabo tales diligencias. Estas son aprobadas solo en base al criterio del juez que autoriza o no la solicitud del Ministerio Público.

El problema de fondo en esta materia radica en establecer criterios que nos permitan resolver a favor de qué nos inclinaremos, si por resguardar la garantía constitucional o favorecer la labor policial, que no es más que el poder deber del Estado de investigar los hechos delictivos. Ante este escenario la respuesta no puede ser fácil, ya que por un lado tenemos el interés del Estado, y por qué no decirlo de las víctimas, tendientes al descubrimiento de la verdad, o bien, a conseguir la mayor cantidad de evidencias para probar su posición en juicio. Por el otro extremo, tenemos las garantías que asegura el Estado de Derecho, por ejemplo, la inviolabilidad del hogar o el derecho a la privacidad.