Ministerio Público y muertes de responsabilidad del Estado.

Como señalamos recientemente, la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público lanzó en septiembre de 2024 la “Guía de Diligencias Investigativas. Violencia Institucional, Muertes Potencialmente Ilícitas y Desaparición Forzada de Personas”. Se trata de un documento elaborado escuchando específicamente a las unidades de DDHH de Carabineros, PDI y Gendarmería -más sus respectivos departamentos de asuntos internos-, la Defensoría Penal Pública, el INDH, el SML, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación Argentina.

Uno de sus aspectos centrales consiste en la adopción del “Protocolo de Minnesota” de 2016 como estándar investigativo para las muertes “potencialmente ilícitas”. A diferencia de los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, aprobados en 1989 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el Protocolo no consta de ninguna adopción formal por organismos internacionales y, por ende, se mantiene como un “documento de expertos”.

La versión anterior del Protocolo, del año 1991, había servido incluso para la reestructuración del SML en 2006 con reconocimiento internacional (A/HRC/50/34, p. 57), pero se había mantenido como un documento con implicancias sólo en el ámbito médico, no legal.