Un grupo de diputados presentó una moción para eliminar la restricción que actualmente recae sobre las materias para el Ministerio Público cuando se trata de la persecución de delitos contra la seguridad interior del Estado en la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Esta ley de Seguridad del Estado data de 1958 promulgada por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Posteriormente fue reformada por el Régimen Militar dirigido a ampliar las conductas punibles y aumentar las penas, en especial para los delitos contra el orden público. Posteriormente algunas de estas reformas, fueron modificadas por las leyes Cumplido, aquellas que fueron realizadas por el ministro Francisco Cumplido, ministro de Justicia de Patricio Aylwin.
Su antecedente directo: la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que fue dictada por Gonzales Videla; tuvo por objetivo perseguir a los enemigos políticos internos, en especial, a aquellos pertenecientes al Partido Comunista.
Durante la transición a la democracia (1995-2000) fue utilizada en un total de seis ocasiones, cinco de las cuales fue en contra de dirigentes mapuches y Alejandra Matus, debido a su libro llamado “El libro Negro de la Justicia Chileno”, quien tuvo que huir a Estados Unidos para volver el año 2001 luego de la derogación del artículo que llevó a la confiscación de su obra el día del lanzamiento de esta.
Durante el gobierno de Lagos, la interpuso en contra de los dirigentes del gremio microbusero que convocaron a una huelga que paralizó la locomoción colectiva en Santiago el 12 de agosto de 2002.
Ha sido utilizada en diferentes ocasiones y frente a diversos actores sociales.
En la actualidad la ley señala los delitos contra la soberanía, la seguridad interior del Estado, el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales. Su fundamento se encuentra en fortalecer el marco normativo respecto de conductas ilícitas que buscan amenazar la paz y seguridad de los chilenos y chilenos, buscando colocarse al margen del sistema jurídico vigente.
Es por es que la moción patrocinada por los diputados Eric Aedo (DC), Miguel Ángel Calisto (DC), Marcos Ilabaca (PS), Andrés Jouannet (IND), Joanna Pérez (DC) y Jorge Saffirio (DC), busca eliminar la restricción que actualmente recae sobre las materias para el Ministerio Publico cuando se trate de la persecución de ciertos delitos contemplados en el Titulo II de la Ley de Seguridad del Estado, en otras palabras, aquellos que atenten contra la seguridad interior del Estado.
Los autores del proyecto señalan que el correcto uso de la ley fortalece el resguardo a los principios e instituciones democráticas. Fue construido como una herramienta de marcado carácter político penal. Estas buscan garantizar un Estado fuerte evitando así evitar el clima violenta y la desestabilización del orden social de nuestro país.
Se busca perseguir oportunamente los delitos no permitiendo que exista una sensación de impunidad eliminando los riesgos para la paz social y la democracia.
La finalidad principal de la modificación de la norma seria: fortalecer la actuación y dirigir las investigación es a los hechos punibles.
Este proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional su número de boletín es el 15230-06 y es posible ver su avance en el siguiente link.
Es posible leer la ley completa y vigente en le siguiente link.
Andrea Asenjo Catalán
Universidad Adolfo Ibáñez