Principio de no contradicción: secreto bancario, estados de excepción y coherencia política

Aristóteles lo dejó como el axioma más elemental de toda la lógica: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Suena obvio hasta que uno mira el debate público chileno, donde una misma forma de evaluar el poder estatal puede parecer indispensable cuando gobierna el adversario y prescindible cuando gobiernan los propios.

La contradicción, por supuesto, no está en comparar facultades idénticas. Levantar el secreto bancario y decretar un estado de excepción son cosas distintas. Está en el criterio utilizado para juzgarlas: si una potestad estatal excepcional debe evaluarse pensando no solo en cómo la utilizará el gobierno de turno, sino también en cómo podría utilizarla aquel gobierno del que más desconfiamos, ese criterio no puede desaparecer cuando cambia quien ocupa La Moneda.

En marzo de 2025, el Senado rechazó que la Unidad de Análisis Financiero pudiera requerir administrativamente información protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa, como parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado. La Cámara repuso posteriormente esa facultad y, de vuelta en el Senado, la controversia terminó el 9 de junio de este año con un nuevo empate, esta vez de 24 votos contra 24, dejando la materia en manos de una Comisión Mixta.

La oposición de la derecha se sostuvo durante toda la discusión sobre un argumento bastante razonable. La senadora Luz Ebensperger (UDI) señaló, entre otras cosas, que el mecanismo judicial existente ya permitía obtener autorizaciones con rapidez y que eliminar ese filtro abría la posibilidad de utilizar la herramienta contra personas que no hubieran cometido delito alguno. El punto de fondo era todavía más importante: una facultad de ese tipo no debía evaluarse por cómo la utilizaría el gobierno de turno, sino por lo que permitiría hacer a cualquier gobierno, incluido uno dispuesto a perseguir a sus adversarios utilizando el aparato administrativo del Estado.

Suscribo enteramente ese razonamiento.

La pregunta es qué ocurre cuando la facultad excepcional la propone el propio sector que construyó ese argumento.

Hace apenas unos días, el gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado, con suma urgencia, una reforma constitucional de seguridad que crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública mediante un artículo 42 bis. El diseño permite al Presidente decretarlo por hasta 120 días y prorrogarlo por sí mismo por otros 120. Solo las prórrogas posteriores requieren acuerdo del Congreso.

Estamos hablando, por tanto, de hasta 240 días (cerca de ocho meses) durante los cuales podrían restringirse la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y de asociación, además de habilitarse la interceptación, apertura o registro de documentos y comunicaciones dentro de las zonas donde se aplique.

Comparado con el secreto bancario, estamos frente a una facultad de otra escala. No se trata de acceder a los movimientos de una cuenta corriente para perseguir determinados delitos, sino de otorgar al Ejecutivo herramientas que pueden afectar durante meses la libertad de desplazamiento, reunión, asociación y privacidad de las comunicaciones. Y todo ello sin requerir autorización previa del Congreso para el período inicial ni para su primera prórroga, aunque el Ejecutivo sí deba informar al Parlamento y la futura legislación deba establecer mecanismos de control y rendición de cuentas.

Aquí aparece lo que da nombre a esta columna. Parte de la propia coalición de gobierno ha comenzado a aplicar frente a su propia reforma el mismo criterio que antes utilizó respecto del secreto bancario. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, advirtió que el proyecto entrega poderes excesivos al Presidente y fue explícito en el punto que importa: no estaría dispuesto a entregar atribuciones de esa magnitud a un Ejecutivo de signo político contrario.

El diputado RN Andrés Longton cuestionó que el texto no se hubiera conversado previamente con las bancadas, recordando además que el gobierno necesita 4/7 para aprobarlo. El senador independiente Matías Walker, que en distintas materias ha entregado votos al oficialismo, cuestionó que un estado de excepción pudiera extenderse durante ocho meses sin aprobación parlamentaria. Incluso Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, condicionó su apoyo a que se acoten su duración y alcance.

Eso es precisamente lo que exige el principio de no contradicción. No que todos pensemos igual, sino que utilicemos el mismo criterio de evaluación con independencia de quién gobierne. Cruz-Coke, probablemente sin proponérselo, aplicó una intuición cercana al velo de ignorancia de Rawls: una facultad excepcional resulta mucho más fácil de evaluar cuando uno imagina que podría ser ejercida por el adversario político que más desconfianza le genera, podríamos llamarlo simplemente la prueba del adversario. Si al reemplazar mentalmente al gobierno actual por aquel que uno menos quisiera ver en el poder la norma sigue pareciendo razonable, adelante. Si deja de parecerlo, el problema no está en quién gobierna hoy, sino en el diseño de la norma. El proyecto recién comienza su tramitación y puede cambiar bastante antes de reunir el quórum que necesita. Ahí está precisamente la oportunidad.

Una facultad estatal de semejante envergadura debería incorporar contrapesos capaces de sobrevivir al gobierno que la propone: controles judiciales o parlamentarios oportunos, límites temporales que no dependan exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo y mecanismos claros de rendición de cuentas al cierre de cada período.

Son las salvaguardas que cualquiera exigiría si sospechara, aunque fuera remotamente, que la herramienta podría terminar alguna vez en las manos equivocadas y como nunca sabemos con certeza en qué manos terminará el poder, conviene exigirlas siempre, las proponga quien las proponga.

Jaime Santana

Ingeniero en Telecomunicaciones y Gestión TI

Magíster en Filosofía, Economía y Política