El pasado 24 de agosto, luego de 10 años de extensa discusión, el Diario Oficial publicó la derogación del artículo 365 en el Código Penal de Chile, el cual condenaba la sodomia con 3 años de prisión bajo los cargos de: “Quebrantamientos a las normas sociales, morales, legales y las buenas costumbres”. Es decir, el actual gobierno de G. Boric ha logrado erradicar el último rezago jurídico del odio a la comunidad LGBTQIA+, a través de su des criminalización.
Frente a aquello, queda la incertidumbre de ¿cuáles serán las nuevas líneas de acciones para comenzar a garantizar los derechos de la comunidad LGBTQIA+?. Comprendido esto último tras el rechazo de la Propuesta Constitucional del año 2022 en el que se promovía, reconocía y garantizaba los Derechos de la Comunidad LGBTQIA+, como base central de medidas de reparación a una comunidad que ha sido arduamente oprimida por el Estado Chileno.
De igual manera, respecto a la actual Constitución que se encuentra en elaboración por el Comité de Expertos desplegados por representantes de partidos políticos, ¿cuáles serán los lineamientos dentro de esta propuesta 2023 frente a la comunidad LGBTIQIA+?, ¿esta será un promotor o un de limitador de Derechos para la comunidad? e, inclusive, ¿acaso se mencionará a la comunidad LGBTQIA+ en algunos de los artículos de la Propuesta Constitucional 2023?
Hernán Caro Campos.