Recortes a Contraloría y Fiscalía tensionan promesas de seguridad y probidad

Los recientes anuncios de recortes presupuestarios dirigidos a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público no pueden ser entendidos como meros ajustes administrativos. Por el contrario, representan una señal preocupante que debilita directamente la seguridad, la transparencia y la solidez de nuestra institucionalidad.

Resulta especialmente contradictorio que, durante la campaña, se insistiera con fuerza en la necesidad de auditorías, control estricto del gasto público y combate frontal a la corrupción, para hoy impulsar medidas que limitan precisamente a los organismos encargados de cumplir aquellas funciones. No basta con invocar la probidad como consigna: es indispensable dotar de herramientas reales a quienes deben garantizarla.

En un gobierno donde la seguridad y la estabilidad fueron promesas centrales, no es aceptable adoptar decisiones que, en la práctica, debilitan tanto la capacidad del Estado para perseguir delitos como los mecanismos de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos. La seguridad no se construye solo con discursos, sino también fortaleciendo a las instituciones que la sostienen.

Reducir los recursos de la Contraloría implica restringir su capacidad de supervisión sobre la administración, mientras que afectar el presupuesto del Ministerio Público tensiona aún más un sistema ya exigido, disminuyendo su eficacia investigativa y afectando el acceso a la justicia.

Chile no necesita instituciones debilitadas, sino organismos robustos, autónomos y con los recursos suficientes para cumplir su función. De lo contrario, se abre espacio a la impunidad, al abuso y a la desconfianza ciudadana.

Camila Labiñanza Salas

Estudiante de Derecho

Universidad Austral de Chile