Prisión preventiva privada
Sobre los lugares para cumplir prisión preventiva. A propósito de una noticia del mundo del espectáculo
A partir del debate sobre el cumplimiento de la prisión preventiva en clínicas psiquiátricas privadas, se analiza la legalidad de los recintos de reclusión. Con base en la Constitución y el Código Procesal Penal, se postula que la privación de libertad cautelar debe ejecutarse exclusivamente en el domicilio del imputado o en establecimientos públicos penitenciarios. Su cumplimiento en recintos particulares vulnera el ordenamiento vigente y configura una diferencia arbitraria que infringe el principio de igualdad ante la ley.

En los medios de comunicación social se ha dado a conocer la situación penal en la que se encuentra un personaje del espectáculo, que producto de hechos delictuales habría quedado sujeto a prisión preventiva. La prisión preventiva se estaría cumpliendo en un recinto psiquiátrico privado. En tal sentido, la prisión preventiva consiste en una medida cautelar personal inserta en un proceso penal y en cuya virtud se priva de libertad a un imputado en forma indefinida, sin que dicha privación constituya una condena o pena.
La Constitución Política dispone en el artículo 19 N° 7, letra d), que ninguna persona puede quedar sujeta a prisión preventiva, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Legalmente, el artículo 150 del Código Procesal Penal, establece que la prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizaren para los condenados o, al menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos últimos. A su vez, el artículo 154 señala que la orden judicial que dispone la prisión preventiva deberá contener la indicación de ser conducido de inmediato ante al establecimiento penitenciario o lugar público de prisión que se determine, o de permanecer en su residencia, según correspondiere.
Por su parte, el artículo 155 indica la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares personales, distintas a la prisión preventiva, después de formalizada la investigación, pudiendo el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o la víctima, imponer al imputado, entre otras medidas, la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que deberán informar periódicamente al juez. La ejecución de estas otras medidas cautelares, se regirán, en general, por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva.




