En la opinión pública parece consolidarse la percepción de que el llamado estallido social de octubre de 2019 fue, en esencia, un episodio marcado por la violencia, el cual con el tiempo generó una fuerte división entre los chilenos y un clima de desencuentro como no se vivía en el país desde hace décadas. Este ambiente, además, acrecentó la desconfianza hacia diversos actores sociales y políticos, instalando un sentimiento de pesimismo generalizado.
A este panorama se sumaron dos procesos constitucionales impulsados como respuesta al supuesto descontento expresado durante aquel estallido social. Sin embargo, ambos ejercicios culminaron en fracasos rotundos, reflejando la voluntad ciudadana de rechazar dichas iniciativas.
A pesar de ello, ciertos partidos políticos insisten en reivindicar el estallido social con un romanticismo que resulta, cuando menos, irresponsable. No solo exaltan dicho episodio, sino que también promueven la movilización social como herramienta de presión para lograr por la vía de la agitación lo que no han conseguido a través de la democracia representativa en el Congreso, donde ni siquiera cuentan con el respaldo pleno de sus propias coaliciones.
Es fundamental que la ciudadanía tenga memoria en las próximas elecciones y rechace con determinación a quienes pretenden instrumentalizar la democracia en beneficio propio.
Daniel Burgos Bravo